La creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro de Venezuela, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional electa en 2020, tiene como meta, de acuerdo con varias ONG, restringir de facto el derecho de asociación partiendo de la premisa de que cometen algún tipo de ilícito.
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que este proyecto de ley, que debe pasar por una segunda discusión para su aprobación final, presume que las organizaciones realizan actividades ilícitas o que el financiamiento que reciben es usado para asuntos contrarios a la ley.
«Se parte del criterio (…) de que nosotros somos culpables, entonces nos corresponde, a través de una serie de procesos, demostrar que eso no es así. Se parte del criterio de que recibimos fondos para actividades desestabilizadoras (…) es decir, todo el principio de presunción de inocencia lo revierten, aquí hay un principio de culpabilidad», explicó.
El diputado Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, presentó la propuesta con el argumento de que las organizaciones no gubernamentales que operan en el país «tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización».
Una ley que limita
Cabello agregó que, luego de una revisión, encontraron 62 ONG que operan con «fines absolutamente políticos» en Venezuela y que «reciben financiamiento de organismos de otras naciones», entre los que mencionó a Provea.
Alvarado sostuvo que el hecho de que ya haya una lista «pone en evidencia, primero, que es una ley que tiene como finalidad la persecución; segundo, es discriminatoria, si ya empiezan a discriminar a qué organizaciones hay que atacar y a qué organizaciones se les pudiera dar cierta permisibilidad».
Además, el proyecto de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
El director de la asociación Civilis, Mario D’andrea, dijo a EFE que el proyecto legislativo impone una serie de registros de «imposible ejecución».
«Uno de los límites que establece la ley es que si trabajas en Caracas y te registras en Caracas, no puedes trabajar en Bolívar. ¿Qué pasa con esas organizaciones que trabajan con ayuda humanitaria? ¿Tienen que hacer un registro en cada estado donde trabajan? Imagina la burocracia que eso implicaría», comentó.
Explicó que en 2021, hicieron un estudio sobre 60 organizaciones en el que el 90 % reportó algún tipo de limitación para desarrollar su trabajo, porque -afirmó- hay trabas en los registros cuando los objetivos de la asociación son los derechos humanos, civiles y políticos.
D’andrea añadió que el chavismo parte de una «premisa falsa», al decir que las ONG no están reguladas, porque la ley establece los requisitos para que se puedan registrar y adquirir personalidad jurídica, donde se conocen sus miembros y objetivos.
«Si uno mira la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la circular de la Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario), más otro número de normativas muy amplias, ves que la sociedad civil (…) ya presta una información al Estado», indicó.
No solo son las ONG de DDHH
Ambos activistas señalan que la ley, de aprobarse finalmente, no solo se podrá aplicar a las ONG, al incluir el término «afines» en el título, que puede extenderse, a su juicio, a diferentes tipos de organizaciones y asociaciones, como sindicatos, gremios de profesionales o fundaciones de empresas privadas.
«Aunque se habla de ONG, este es un proyecto de ley que, dentro de poco, se lo van a aplicar también a las organizaciones sindicales y se la van a ir aplicando a otras formas organizativas que existen en el país, porque en el fondo lo que busca es que no haya acción independiente de la ciudadanía y todo esté controlado por el Estado», subrayó Alvarado.
Agregó que la cooperación internacional también le llega a organizaciones que trabajan con el deporte, con la ciencia, y la academia en general.
«Es una ley que termina afectando a las personas más pobres (…) es una ley contra la atención a las personas que más necesitan en un país que tiene una emergencia humanitaria compleja y que, al contrario, el espíritu del Gobierno debería ser contribuir a que todas las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con los sectores más vulnerables se puedan fortalecer», apostilló.
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