Carlos Julio Rojas, de 36 años, es un activista que por su trabajo en la capital de Venezuela ha sido detenido cuatro veces en los últimos cinco años.
Rojas, quien es coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, un grupo surgido en 2011 para apoyar los reclamos por la mala prestación de los servicios básicos, dijo que pasó en julio pasado 10 horas en una celda policial por asistir a una protesta de trabajadores retirados que reclamaban aumentos en sus pensiones y jubilaciones.
“Está la intimidación jurídica (…) o el hostigamiento directo por parte de colectivos armados o cuerpos de seguridad del Estado que te impiden directamente tu labor de contraloría social, de denuncia y de protesta “, dijo Rojas.
El Ministerio de Información y la Fiscalía General no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El régimen de Nicolás Maduro rechaza las acusaciones de abusos generalizados a los derechos humanos y dice que es víctima de una campaña de difamación por parte de sus adversarios como Estados Unidos.
Los grupos Cofavic, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos indicaron a inicios de mes en un informe que su monitoreo en todo el país mostró 84 ataques a activistas y diferentes ONG en 2019 y 216 entre enero y octubre de 2020, un aumento de 157%.
Sólo en enero el también no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 99 ataques e incidentes de seguridad contra activistas, de acuerdo con un reporte divulgado el martes. Para enero del 2020, el CDJ reportó 10 incidentes, que van desde detenciones, hasta amenazas, allanamientos a oficinas, entre otros.
Veteranos de la defensa de los derechos humanos en Venezuela dicen que ese nivel de acoso no tiene precedentes en el país y el objetivo es reducir el espacio de acción de la sociedad civil –lo que pone en riesgo la atención a los sectores más pobres– para consolidar el control político.
En la provincia, “en los sectores donde la gente está más aislada, pues la situación es mucho más riesgosa”, dijo Liliana Ortega, directiva de Cofavic, creado en 1989.
Ortega citó el caso de cinco miembros del grupo Azul Positivo, que trabaja en la prevención del VIH en el estado Zulia, al noroeste venezolano; detenidos el 12 de enero por agentes de contrainteligencia militar.
Los detenidos fueron acusados de asociación para delinquir y legitimación de capitales, entre otros, según su abogada defensora, Lisseth Mogollón.
Tras una intensa campaña reclamando su libertad, que incluyó a agencia de Naciones Unidas, los miembros de Azul Positivo fueron excarcelados el 10 de febrero, pero deben presentar a los tribunales cada 30 días, de acuerdo con Mogollón.
“El gobierno lo que intenta (es) sustituir esa sociedad civil incómoda (…) neutralizar a los activistas que sean más independientes”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Reuters
