Más de 100 organizaciones denuncian que el Estado lleva a cabo una «campaña de descrédito que busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios»
Más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que se está gestando una «campaña de criminalización» contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con una documento publicado por Provea, 111 ONG recordaron que el Estado venezolano es «signatario del Estatuto de Roma, que en 1998 crea la Corte Penal Internacional».
«Esto obliga a las autoridades de los países que reconocieron dicho estatuto a colaborar con su funcionamiento. A raíz de las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio, en febrero de 2018 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció el inicio de un examen preliminar para investigar los posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017», añaden.
Además, recordaron que en febrero de 2020, Nicolás Maduro solicitó la apertura de un examen preliminar adicional, para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad como resultado de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales promovidas desde el año 2014.
«A partir del inicio del Examen Preliminar, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI para que cuente con los insumos necesarios para decidir o no el inicio de una investigación formal sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en Venezuela», señala parte del texto de las ONG.
Según las organizaciones, el Estado lleva a cabo una «campaña de descrédito que busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios».
En tal sentido, advierten lo siguiente:
«Responsabilizamos a las autoridades nacionales de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, en especial a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
«Instamos al equipo de trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que haga un seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma».
«Invitamos a la comunidad internacional a continuar observando detenidamente la situación de derechos humanos en Venezuela, reforzando los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos activados sobre nuestro país, principal contención contra el abuso de poder».
Runrunes
ATENCIÓN | Más de 100 ONG venezolanas denunciamos una campaña de criminalización del Gobierno de Maduro en contra de quienes cooperamos con la Corte Penal Internacional:
— PROVEA (@_Provea) November 5, 2021
“Responsabilizamos a las autoridades de cualquier acción contra la vida e integridad”https://t.co/EzMyG4P3ir
