Reprobado. Esa es la calificación que cinco organizaciones de Derechos Humanos le dieron a la labor de la Defensoría del Pueblo durante los últimos cinco años, pues denunciaron que la institución está «altamente politizada y alineada abiertamente con la coalición política de Gobierno, lo que la ha llevado a un desempeño excluyente y sesgado» de sus funciones en pro de las garantías fundamentales de todos los venezolanos.
El señalamiento lo hicieron el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis y Acción Solidaria contra el Sida el informe «¿Y a ti quién te defiende?», que ayer difundieron y en el que evaluaron el cumplimiento que el despacho dirigido por Gabriela Ramírez da a los Principios de París, instrumento de Naciones Unidas que fija los estándares que deben seguir los organismos estatales de defensa, vigilancia y promoción de Derechos Humanos.
Para sustentar sus afirmaciones las agrupaciones echaron mano de la hemeroteca y recordaron que la funcionaria, antes de su cargo actual, fue diputada por el oficialismo y que luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, en su programa de radio, afirmó: «El desafío que nosotros ahora tenemos es continuar y darle cumplimiento a sus mandatos». Asimismo mostraron la foto que la Defensora tiene en su cuenta personal de Twitter, en la cual aparece con el desaparecido mandatario.
Critican actuación selectiva
En el reporte, de 43 páginas, las agrupaciones fustigaron que el organismo no haya puesto en la defensa de los Derechos Humanos el mismo empeño que ha puesto en la vigilancia de algunos servicios públicos, pese a que en su informe correspondiente a 2012 reveló que el 49% de las denuncias que recibió el año pasado fueron precisamente por la supuesta violación de derechos a la vida, libertad e integridad personal, mientras que solo el 7% fueron por la incorrecta prestación de algún servicio.
También criticaron que no haya hecho de las potestades que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) le otorga para representar las víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos en juicios; y pusieron como ejemplo el caso del asesinato en 2009 de un adolescente, de 14 años de edad, en Apure, a manos de efectivos del Ejército, en el cual no se sumó a la acusación fiscal.
Asimismo, las organizaciones cuestionaron la actitud frente a decisiones del Gobierno como la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión en 2007, la salida del aire de 34 emisoras radiales en 2009 o la expulsión de activistas de Derechos Humanos como el director de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, por unas declaraciones que emitió en el país.
En el reporte, los activistas lamentaron que la Defensoría no solo que no haya objetado la criminalización de la protesta, sino que además haya acusado a quienes la vienen denunciado de formar parte de una campaña para dañar la imagen del Gobierno en épocas electorales.
Provea viene denunciado que desde 2005 unas 2.500 personas han sido arrestadas, sometidas a investigación y enjuiciadas por ejercer su derecho a manifestar.
Rechazaron el silencio que Ramírez ha guardado en relación al anuncio del Gobierno de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al desacato de las decisiones que ese organismo ha adoptado sobre el país; y también las críticas que ha lanzado contra esos organismos a los que ha acusado de responder a instrucciones de EEUU.
Fuente: EU
