El hábito de desestimar los fallos de instancias internacionales ha dado la imagen de un Estado venezolano forajido en el exterior, evaluó el abogado constitucionalista Iván Pérez Rueda. Además de una lista de procesos por violaciones de derechos humanos, Venezuela acumula una amplia deuda compensatoria por expropiaciones, que supera las reservas internacionales, algo que heredará un eventual nuevo Gobierno.
Solo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) existen 19 causas contra el Estado venezolano, dos de ellas no fueron estimadas por el tribunal. El régimen ha omitido 15 fallos condenatorios sistemáticamente, recordó Pérez Rueda. La sentencia sobre la masacre de El Amparo y el Caracazo, son las únicas que se han cumplido parcialmente pero corresponden a gobiernos anteriores.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de desconocer la sentencia emitida por la Corte-IDH que pide devolver la concesión y equipos al canal Radio Caracas Televisión (RCTV), se ratifica la condición forajida del Estado venezolano, insistió el experto. “Cualquier Estado se encuentra obligado a respetar los acuerdos y tratados internacionales que ha signado. Así lo consagra la Constitución en sus artículos 19, 22, 23 y 31. Si esa prerrogativa está en la Carta Magna, los gobiernos no pueden desconocer las sentencias firmes”.
Casos resaltantes
Julio de 2012. La instancia dictaminó que el Gobierno de Venezuela violó el derecho a la integridad personal de Raúl Díaz Peña, acusado de terrorismo y recluido por más de seis años en el Helicoide.
Diciembre de 2011. El organismo declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales, la vida privada, la propiedad privada, la circulación y residencia, las garantías judiciales y la protección judicial, de integrantes de la familia Barrios, en la población de Guanayén, estado Aragua.
Septiembre 2011. El tribunal halló culpable al Gobierno por lesionar el derecho político de ser elegido y el derecho a la defensa del opositor Leopoldo López.
Enero de 2009. La CIDH condenó al Gobierno por restricciones a la libertad de expresión de 20 trabajadores de la prensa del canal RCTV. El mismo mes, la instancia responsabilizó al Estado de agredir a 44 trabajadores de Globovisión.
Pérez Rueda lamentó que el adeudo moral y diplomático de Venezuela crezca con el paso del tiempo. “A los juristas nos preocupa esta tendencia porque las obligaciones internas no han sido subsanadas. Eso es una deuda que deberá ser restituida por un eventual cambio de la administración y gerencia pública”.
Cuentas pendientes
El Gobierno acumula al menos unas 20 demandas multimillonarias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). La deuda compensatoria acumulada asciende a 2,12 millardos de dólares, cifra superior a las reservas internacionales líquidas de Venezuela, que serían mil 851 millones de dólares para la primera quincena de septiembre, según una publicación de Inter American Trends.
Unos casos están indemnizados, aunque la mayoría continúa en litigios o controversias legales. “El daño del régimen va a ser difícil de corregir. Hay que responder en moneda extranjera a quienes fuesen espoleados”, apuntó el jurista.
Hasta marzo de 2015 la institución apéndice del Banco Mundial ha dictaminado cinco fallos contra Venezuela tras el arbitraje emprendido por empresas extranjeras expropiadas en la administración del fallecido presidente Hugo Chávez. La mayor compensación la recibió Exxon Mobil con 1,6 millardos de dólares, le sigue la minera canadiense Gold Reserve por la expropiación de dos proyectos auríferos en el estado Bolívar, y luego el fallo a favor de Owens Illinois.
El Carabobeño.
