Lo que ha sucedido en los últimos días, por usual que parezca, no deja de indignar. En 72 horas los órganos represivos de Nicolás Maduro han detenido arbitrariamente a 7 personas vinculadas con la defensa de los derechos humanos, los sindicatos y el partido Bandera Roja.
Son cuatro militantes activos de Bandera Roja, Alcides Bracho, Nelson Astudillo, Alonso Meléndez y Reinaldo Cortés, que han dedicado su trabajo a la defensa de los derechos humanos. El primero fue presentado e imputado y se supo extraoficialmente que figura en una lista de 20 personas que parece ser un grupo de chat. De los otros no se tiene noticia.
Emilio Negrín y Gabriel Blanco son dirigentes sindicales y el último de ellos fue imputado por terrorismo y asociación para delinquir; Yeny Zorelis Pérez es esposa del militante de Bandera Roja José Castro, pero como no lo consiguieron en su casa, se la llevaron a ella.
Los organismos que han participado en estas actuaciones son los mismos de siempre, la Dgcim, la FAES, el Cicpc y el Sebin. Provea insiste en recordar que son las fuerzas chavistas que han sido señaladas una y otra vez en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de la alta comisionada para la ONU, Michelle Bachelet. Esto quiere decir que no es nada nuevo, sino que el gobierno chavista continúa con su ola represiva, y en vez de aflojar, ahora arremete contra el sindicalismo.
Por supuesto que no hay nada claro, pues eso implicaría que se trata de un debido proceso. Son demasiados rumores, ni siquiera se sabe en dónde están recluidos. El fiscal general no ha hablado del caso, por lo que se presta a todo tipo de especulaciones. Como estas detenciones arbitrarias comenzaron cuando se informó sobre el caso de Carlos Lanz, algunos opinan que tienen algo que ver; pero ya se estableció que en este horrible asesinato no hay móvil político sino muy personal. Entonces, por allí no es la cosa.
Los propios dirigentes de Bandera Roja aseguran que ellos han estado trabajando con los sindicatos que tienen muchos reclamos que hacerle al presidente obrero y que por eso les están pasando la cuenta. Y lo de siempre, cualquiera que se atreva a defender públicamente los derechos humanos de los venezolanos, tarde o temprano se verá con los esbirros chavistas.
Es inútil buscar la verdad en estos casos, pues los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro nunca han tenido escrúpulos para llevarse a la gente que les provoque y fabricarles expedientes; no les importa guardar las apariencias. Ni siquiera porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está investigando lo que en realidad ha sucedido en el país. Nada los detiene. Y los que insisten en el diálogo, no se vayan a confundir sobre las intenciones de los residentes de Miraflores.
