Hace una semana el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro anunciaron que un grupo de expertos trabajará sobre el terreno. En un país que investigan por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y en donde no se castiga la cadena de mando. Tarek William Saab, titular del Ministerio Público, afirmó que no hace falta una representación de la Fiscalía de la CPI porque supuestamente el sistema de justicia ha respondido a las víctimas
La oficina de la Corte Penal Internacional -CPI- fue instalada de manera provisional en el edificio del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. Así lo informó en su cuenta de Twitter la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
“Confirmado. Ya fue instalada la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Provisionalmente estará ubicada en el edificio del TSJ, en la esquina de Dos Pilitas, al final de la avenida Baralt”, señaló la organización.
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— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) April 7, 2022
Ya fue instalada la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) @IntlCrimCourt en Caracas??
Provisionalmente estará ubicada en el edificio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la esquina de Dos Pilitas al final de la Avenida Baralt. pic.twitter.com/5LOT5V7L2Q
Trabajarán sobre el terreno
Hace una semana el fiscal Karim Khan y el oficialista Nicolás Maduro anunciaron que un grupo de expertos de ese organismo trabajará sobre el terreno. Un país que se investiga por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y en donde, de acuerdo con las denuncias de víctimas y ONG, no se castiga la cadena de mando.
“Las partes han acordado que mi fiscalía, la Fiscalía de la CPI, podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir mis responsabilidades”, manifestó Khan desde el Palacio de Miraflores.
El fiscal viajó a Venezuela, por segunda vez, de manera sorpresiva. Comunicó asimismo que las partes también acordaron que Venezuela otorgue visados de múltiple entrada a los funcionarios de la Corte.
“Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente, y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso”, agregó Maduro.
Sigue la investigación
Khan, en una entrevista con el diario español El País publicada este viernes, aseguró que la investigación en el caso de Venezuela continuará paralela al trabajo de cooperación técnica con el régimen de Maduro.
“Acordamos trabajar dándole asistencia y consejos técnicos a Venezuela para que ellos puedan llegar a la altura [judicial]. Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido. Creo que la gente no esperaba que Venezuela reaccionara como reaccionó en noviembre”, dijo el fiscal.
“Ellos acordaron que podíamos abrir una oficina en Caracas, contar con visas con múltiples entradas, seguir teniendo más diálogos y trabajar con organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (a cargo de Michelle Bachelet). Trabajaremos respetando la soberanía y, al mismo tiempo, voy a continuar con las investigaciones, imparciales e independientes”, añadió.
Para Saab no hace falta
Tarek William Saab, fiscal general de la República, afirmó el jueves que no hace falta que en Venezuela exista una oficina de la Fiscalía de la CPI. A su consideración, el sistema nacional de justicia ha respondido de manera eficiente las denuncias por violaciones de los derechos humanos.
“En Venezuela las violaciones de los derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia. Sinceramente no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional, y lo vamos a demostrar”, expresó.
El fiscal chavista hizo esas afirmaciones durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional electa en 2020. En un discurso que duró más de dos horas, el funcionario puntualizó que lograron en los últimos 4 años la detención de 663 funcionarios policiales y agentes del Estado por su vinculación a violaciones de los derechos humanos. De esa cifra, se lograron poco más de 200 condenatorias.
En opinión del fiscal, esos números son trascendentales.
“Mucho hablaba la prófuga de la justicia (la exfiscal general Luisa Ortega Díaz), no sé en cuántos países ha buscado asilarse, sobre este tema. Es muy bueno hablarlo al salir del cargo, pero estando a cargo fue una impunidad total. Archivos fiscales en caso de violaciones de derechos humanos, en casos de feminicidios, de maltrato infantil. Eso no era importante, y yo creo que sí, porque la ley está para cumplirla y no hay paz sin justicia. Y porque hay justicia, hoy vivimos en paz”, manifestó.