Este 30 de enero no es un día más para el periodismo venezolano. Se cumplen ocho meses exactos desde que el comunicador Pedro Urribarri fue despojado de su libertad, convirtiéndose en un símbolo de la criminalización del pensamiento crítico en el país.
Una detención bajo sospecha
La libertad de Urribarri se truncó el pasado 21 de mayo de 2025, en un contexto de máxima tensión: apenas días antes de las elecciones regionales. Desde entonces, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha alzado la voz contra un proceso que califica de arbitrario y carente de garantías.
El expediente de la censura: Actualmente, Urribarri enfrenta un proceso judicial por cargos que se han vuelto sistemáticos contra el gremio:
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Conspiración
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Instigación al odio
Estos delitos, utilizados frecuentemente para silenciar voces incómodas, mantienen al periodista en un limbo legal mientras su salud y bienestar se desgastan tras las rejas.
El gremio bajo asedio: 6 voces silenciadas
El SNTP advierte que el caso de Urribarri no es aislado. Pese a las recientes olas de excarcelaciones en otros sectores, la cifra de periodistas y comunicadores sociales encarcelados en Venezuela se mantiene estancada en seis personas.
«Informar no es conspirar. Exigimos justicia para Pedro y para cada trabajador de la prensa que hoy paga con su libertad el compromiso de buscar la verdad», reza el clamor de sus colegas.
La persistencia de estas detenciones, ocho meses después, evidencia que la «puerta giratoria» de las liberaciones aún no ha llegado para quienes ejercen el periodismo de denuncia, dejando una herida abierta en la libertad de expresión de toda la nación.
