El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) solicitó a la Asamblea Nacional iniciar el proceso conducente a la designación de los tres rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tienen su período constitucional vencido.
A través de un comunicado, los integrantes del OEV recuerdan que el 26 de abril de 2006 el Parlamento designó, «siguiendo lo contemplado en el artículo 296 de la Constitución a Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza y Vicente Díaz Silva como Rectores del CNE por un período de siete años. Ese período constitucional culminó en abril del año pasado».
Desde el OEV consideran que por haberse vivido en Venezuela en 2013 «una agenda electoral comprometida (elección presidencial el 14 de abril y elecciones locales el 8 de diciembre), la mayoría de la sociedad venezolana pareció aceptar, sin mayor trauma ni reclamo, una prórroga nunca formalmente aprobada en el ejercicio de funciones de esos rectores».
No obstante, aseguran que el año 2014 «no deja margen a nuevas dilaciones (…) siendo que no están previstas en el país elecciones hasta el último trimestre del año venidero, es urgente que la Asamblea Nacional inicie el procedimiento contemplado en los capítulos II y III, del Título II de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) para restablecer la legalidad del organismo rector del Poder Electoral».
Para el OEV que el Parlamento «aplique a cabalidad» el procedimiento contemplado en la Constitución y la LOPE «sería garante de que los rectores designados fortalezcan la muy necesaria confianza y credibilidad del árbitro electoral ante toda la sociedad venezolana».
Insiste el OEV que para obtener la mayoría calificada de dos tercios de los integrantes de la AN es indispensable el diálogo y la construcción de un consenso entre las principales fuerzas política representadas en el Parlamento.
«Para alcanzar ese acuerdo -se indica en el comunicadop- más que pensar en cuotas para una u otra fuerza, deberían barajarse nombres de venezolanos honestos que, por no ser incondicionales a ninguna línea partidista, no despierten desconfianza a ningún actor político relevante y sean vistos por los electores como capaces de llevar adelante los procesos electorales en condiciones de «igualdad, confiabilidad, transparencia y eficacia».
El Universal
