La tesis oficialista de que el reclamo de recuento de votos de la oposición venezolana es golpista ha sido difícil de vender internacionalmente, no obstante el entusiasmo con el que la han compartido y difundido los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Todos, por cierto, partidarios y practicantes de continuismo reeleccionista en sus más diversas variantes.
Hoy debería ser evidente para el mundo el contraste entre los propósitos y medios de la oposición y los del Gobierno de Venezuela. También hay varias señales muy importantes.
Aunque al Gobierno no le gusten los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la verdad es que sigue empeñado en desbordar las graves fallas que, una vez más, reporta el informe publicado la semana pasada. Allí se lee lo distintivo de dichos y hechos muy frescos y documentados: el uso del poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a las personas por causa de su posición política.
Aunque al oficialismo no le interese desempolvar la Carta Democrática ni siquiera para recordar en toda su significación la exigencia mínima de «elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo», la evolución venezolana de estos últimos días evidencia que ese principio tiene entre los venezolanos quienes lo defiendan, sin violencia, contra viento y marea.
Y aunque el régimen se las haya arreglado para sustituir la observación electoral por el sistema «a la medida» de acompañamiento de la Unión Suramericana de Naciones y haya procurado apoyo internacional ante un supuesto plan de electores golpistas, no ha podido ocultar sus arbitrariedades y atropellos ante el clamor nacional mayoritario de auditar el total de las mesas. Aparte de unos cuantos gobiernos, influyentes organizaciones políticas y no gubernamentales, medios independientes de comunicación y respetables personalidades han sido observadores solidarios con la democracia venezolana.
El comunicado final de la Cumbre de la Unasur en Lima confirma la política regional de destacar una peculiar defensa del principio de no intervención y de consensos mínimos que privilegia las coincidencias más fáciles entre presidentes que se congratulan y acompañan entre sí. De modo que lo acordado apenas roza los temas de fondo cuando se «toma nota positiva» de la decisión del CNE «de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales» y se designa una comisión de acompañamiento de la investigación de los hechos de violencia.
¿Qué hubieran acordado si Nicolás Maduro, de quedar segundo con el estrecho margen de menos de dos puntos, hubiera hecho el mismo planteamiento que Henrique Capriles? La verdad es que los afanes del continuismo reeleccionista han hecho mucho daño a las instancias de observación y protección de la democracia.
Ojalá que el Gobierno venezolano contribuya decisivamente, como le corresponde, a construir en adelante el clima de tolerancia y diálogo con que el presidente Nicolás Maduro se comprometió en Unasur.
Editorial de El Nacional
