Una «investigación completa» que permita esclarecer las causas de la muerte de los 35 reos ocurridas en la cárcel de Uribana exigió al Gobierno la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, la cual demandó además del Ministerio del Servicio Penitenciario que «se tomen todas las medidas necesarias para la no repetición de estos hechos y para la garantía efectiva de todos los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad».
En un comunicado el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Luckert, aseguró que los prelados se unen al dolor que embarga a las familias de los fallecidos, al tiempo que lamentaron que las prisiones «lejos de ser centros formativos de reinserción social, son más bien lugares de hacinamiento, violencia, castigo y represión que deteriora aún más a la persona privada de libertad».
Para revertir esta situación el presidente de la Comisión de Justicia y Paz demandó de las autoridades que permitan «el trabajo de la Pastoral Penitenciaria para que puedan promover una pastoral de prevención y acogida al interno de los centros penales, así como en el entorno familiar» y al tiempo que suscriban el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
«Este tratado internacional establece la creación de un mecanismo nacional de prevención, que pueda realizar visitas de supervisión a los centros de detención del país y recomendar medidas para mejorar las condiciones y el respeto a los Derechos Humanos en el sistema carcelario», justificó Luckert.
A continuación comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), ante los sucesos ocurridos en el centro penitenciario conocido como David Viloria, ubicado en el sector Uribana del Estado Lara, el miércoles 26 de Noviembre del 2014 en el que perdieron la vida por ahora treinta y tres (33) privados de libertad y donde hay más de 145 afectados, quiere manifestar una vez más sus sentimientos, preocupaciones y exigencia.
Sentimientos:
Nos duele: La muerte de seres humanos Venezolanos recluidos en instituciones resguardadas por el Estado, y la de tantos otros que dentro y fuera de los centros penales son víctimas de la espiral de violencia. Nos unimos al dolor de las familias de los que han muerto, las acompañamos con nuestra oración a Dios Padre compasivo que quiere que todos sus Hijos tengan Vida y Vida en abundancia (cf Jn 10,10).
Sentimos verdadera preocupación:
Que los recintos penitenciarios, lejos de ser centros formativos de reinserción social, son más bien lugares de hacinamiento, violencia, castigo y represión que deteriora aún más a la persona privada de libertad.
Exhortamos
– Al Estado: para que inicie inmediatamente una investigación completa que clarifique las circunstancias que rodearon las muertes e intoxicaciones de la población Privada de libertad. Se informe rápida y verazmente a los familiares y al país de la situación, con miras a que la familia calme la tensión que han vivido las últimas 72 horas producto del desconocimiento del paradero de sus familiares.
– Al Poder Judicial: la aplicación de la justicia para agilizar la mora judicial, eliminar la
impunidad y los malos tratos en los recintos penitenciarios.
-Al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela: que se comprometa de manera más decidida a solucionar la grave crisis penitenciaria existente y se tomen todas las medidas necesarias para la no repetición de estos hechos y para la garantía efectiva de todos los derechos humanos de las personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano. – A todas las Iglesias y en especial a la Iglesia Católica: les pedimos su oración por los afectados en los recientes sucesos de Uribana, así como por todos los que padecen la violencia carcelaria en la rutina de cada día. Igualmente hacer una reflexión comunitaria sobre el valor de la Vida y la responsabilidad del Estado en reconocerla y cuidarla.Reiteramos la petición de:
Permitir el trabajo de la Pastoral Penitenciaria para que puedan promover una pastoral de prevención y acogida al interno de los centros penales, así como en el entorno familiar. La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Este tratado internacional establece la creación de un mecanismo nacional de prevención, que pueda realizar visitas de supervisión a los centros de detención del país y recomendar medidas para mejorar las condiciones y el respeto a los derechos humanos en el sistema carcelario.
En Caracas, a los 28 días del mes de Noviembre 2014
+ Mons. Roberto Luckert León
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV
