La controversia aérea entre Venezuela y Argentina alcanzó un nuevo nivel. El Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), Juan Carlos Salazar, confirmó la recepción de una demanda formal por parte del país caribeño, la cual acusa a Buenos Aires de infringir normativas internacionales.
La acción legal, presentada ante el Consejo de la Oaci, se fundamenta en el artículo 84 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, más conocido como el Convenio de Chicago. El Secretario General señaló que la demanda “se ajusta en cuanto a forma a los requisitos del artículo 2 del reglamento”.
Venezuela, en su calidad de demandante, sostiene que “desde el 8 de junio de 2022, la República Argentina ha cometido violaciones de varios artículos del Convenio de Chicago”, incluyendo una serie de artículos específicos que van desde el 3 bis hasta el 82.
La acusación detalla que Argentina habría implementado “medidas restrictivas unilaterales ilegales de carácter discriminatorio contra la República Bolivariana de Venezuela”, afectando directamente a la aviación civil venezolana.
El caso se centra en incidentes relacionados con dos vuelos no regulares, identificados como ESU 9217 y 9218, operados por un Boeing 747-300 de matrícula YV 3531, propiedad del Consorcio Conviasa y arrendado a Emtrasur, cuyo código Oaci es ESU078.
A pesar de presentar “pruebas irrefutables” sobre la legalidad de la documentación de la tripulación y la carga, así como de los permisos de vuelo, las autoridades argentinas retuvieron la aeronave, desencadenando una serie de eventos que culminaron con la aeronave siendo desmantelada en una instalación en Florida, Estados Unidos, tras un vuelo nocturno secreto facilitado por el Gobierno de Javier Milei.
El avión, parte esencial de las misiones humanitarias venezolanas, permaneció retenido en Argentina desde junio de 2022 hasta febrero de 2024, en un acto que Venezuela califica de arbitrario.
Con información de Globovisión.
