P ara Gonzalo Himiob, la persecución sistemática contra los estudiantes ha sido el episodio más vergonzoso en la vida republicana de Venezuela. Para el abogado y profesor de UCV y UCAB ni Chávez antes, ni Maduro ahora, toleraron ni toleran la más mínima crítica, porque para ellos todo lo que «huela» a cuestionamiento constituye un crimen. «Sus afanes están en ejercer el poder por el poder». El directivo del Foro Penal Venezolano asegura que detenciones masivas por el simple hecho de protestar afectaron más a los jóvenes de los sectores más pobres
De pronto, los tribunales liberan en masa a los estudiantes detenidos en los campamentos. ¿A qué obedece esa decisión repentina? Creo que se trata de un proceso que tiene dos aristas. Por una parte, con estas medidas se reconoce la incapacidad del Ministerio Público y de los Tribunales para manejar el inmenso volumen de causas abiertas por las protestas desde febrero hasta ahora; pero, por otro lado, se confirma lo que se ha venido diciendo desde el primer momento en cada uno de los casos: ninguno de los jóvenes detenidos estaba cometiendo delito y nunca existieron evidencias que los vincularan con crímenes de ningún tipo. Lo que esto demuestra es que la razzia persecutora, la más avasalladora e intensa de toda nuestra vida republicana, lo único que buscaba era desarticular las protestas que empezaron en febrero, nada más.
¿Quedan otros jóvenes en iguales condiciones jurídicas que no han sido liberados? ¿Por qué? Al momento de esta entrevista, según cifras que maneja el Foro Penal Venezolano, 1.998 jóvenes se mantienen procesados bajo medidas cautelares en todo el territorio nacional. Esto sólo con ocasión a las protestas desde febrero.
Además 75 personas están privadas de su libertad. Si aún no han sido liberados es por motivos políticos, puesto que en la generalidad de los casos no existen razones jurídicas válidas para someter a un proceso penal a estas personas.
¿Este acto de sobreseimiento es una confesión de que no se les hallaron pruebas de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público? En efecto, es la prueba más evidente de que todo lo que se alegó desde el principio (el carácter político de la persecución, la ausencia de delitos y la falta de pruebas) era cierto.
¿No le parece un sin sentido que estos muchachos hayan sido apresados por protestar y que los ciudadanos no sepan de los asesinos de Mónica Spears, o que la madre de Geraldine Moreno tenga que rogar justicia por el asesinato de su hija? Es el reflejo del sistema de justicia penal que padecemos. Los tribunales penales se han dedicado a funciones que no les corresponden. Lejos de someterse en sus decisiones a la Constitución y a la Ley, se ocupan de apuntalar el poder, a costa incluso del Estado de Derecho. Lo peor, lo que no se ve, es que los más directamente afectados por estas tergiversaciones son los más humildes.
¿Qué hay de cierto de que algunos de estos jueces sentencian presionados por Miraflores y hasta por la directiva de la Asamblea Nacional? Solo basta contrastar lo que se decide, sobre todo en los casos más emblemáticos, con lo que previamente se «dictamina» en cadena nacional. Normalmente lo que va a ocurrir o no en determinados momentos viene predeterminado por lo que sea el mandato político del poder.
Un detalle: los jóvenes liberados están sometidos a un riguroso régimen de presentación en el tribunal ¿Son o no culpables? Los jóvenes favorecidos con sobreseimiento ya no tienen otra obligación que presentarse para darse por notificados de la decisión, y no en todos los casos, pues cada tribunal maneja su propio criterio.
Sin embargo, es evidente que desde hace años el proceso penal venezolano, incluidas las medidas que se dictan (cautelares y privativas de la libertad) está orientado a fungir más como castigo en sí mismo, como «sanción anticipada», que como lo que debería ser: un medio para determinación de la verdad por las vías jurídicas.
¿Por qué este gobierno en 15 años ha retrocedido de tal manera en materia de derechos humanos, si hacia afuera se presentan como portavoces de una revolución humanista? Esa es una pregunta que mejor pueden responderla quienes están en el poder.
Sin embargo considero que tal retroceso tiene relación directa con el ansia evidente de mantener el poder, a costa de lo que sea. Ni Chávez antes, ni Maduro ahora, toleran la más mínima crítica, para ellos todo lo que «huela» a cuestionamiento es un crimen, pues sus afanes están en ejercer el poder por el poder. Y en esto no discriminan, tanto afectan a los opositores como a los oficialistas que también alzan su voz.
¿Cuáles son, en su opinión, los casos más abominables en materia de represión, vejación y torturas que ha ejecutado el gobierno de Nicolás Maduro? Tenemos más de 80 casos registrados y documentados. En lo personal, no me gusta jerarquizarlos. Para nosotros todos merecen la misma atención y todos son importantes. Todo atentado contra la vida y contra la dignidad humana es repudiable.
En muchas de las detenciones actuaron cuerpos militares, cuyos efectivos (en verdad algunos) torturaron a varones y vejaron con actos lascivos a las chicas. ¿Por qué la respuesta de la fiscal ha sido tan tibia al respecto? La fuerza de las evidencias les ha llevado a aceptar formalmente que sí se materializaron violaciones graves a los DDHH. El Ministerio Público reconoce la apertura de cerca de 200 investigaciones a funcionarios policiales y militares por violar los derechos de los manifestantes y de los detenidos. Sin embargo la eficacia real de dichas investigaciones no es muy elevada. Esto enlaza con la necesidad que tiene el poder de construir una narrativa sobre los hechos en la que los «criminales» y «violadores de DDHH» sean los ciudadanos, que no ellos mismos. Es una forma de aparentar que se hace algo, sin lograr resultados concretos, todo ello dirigido a consolidar la impunidad de quienes han vejado y torturado a los que manifestaban.
Hay un caso emblemático que parece tener un sesgo muy personal del presidente Maduro, y es el juicio a Leopoldo López ¿Cómo se puede juzgar a un ciudadano si no se les aceptan los argumentos de su defensa? Es materialmente muy difícil, pero no implica que no deba mantenerse la lucha.
Hay que ver además que esa manera de actuar, negando sistemáticamente cualquier argumento de la defensa en casos como este, lo que demuestra es que los casos no son jurídicos, sino políticos.
¿Qué sentido tiene denunciar estos casos en instancias internacionales si está visto que desde los tiempos de Hugo Chávez el gobierno hace caso omiso a recomendaciones y personas como José Miguel Vivanco, de HWR, tienen prohibición de entrar al país? Hay que registrarlo todo. Seguir utilizando las herramientas de protección a los DDHH con las que contamos y seguir esforzándonos para que el Estado de Derecho y la justicia en Venezuela se restablezcan. Siempre lo digo, estas no son carreras de velocidad, sino de resistencia, pero hay que continuar llevando el registro de todo lo que acontece para que en el momento, que vendrá seguro, en el que toque hacer justicia, tengamos todas las evidencias que se necesiten para que los culpables respondan legalmente y asuman sus culpas.
¿Cuál es la situación hoy de ONG como el Foro Penal o Provea, cuyas actuaciones en defensa de DDHH les ha acarreado persecución y amenazas de reglamentar sus actuaciones mediante una ley? Sí, hemos sido objeto de ataques y de menciones persecutorias directas a cargo de muy altos personajes del poder en Venezuela. Ya legalmente es muy difícil actuar, pues las ONG están sometidas a muchísimas restricciones. Todo esto ha sido debidamente denunciado ante la ONU y ante la CIDH. Un país que persigue a los activistas de DDHH es un país, así se ve en el mundo, en el que la democracia no existe.
La unión cívico-militar que tanto pregonan no le hace daño a las libertades de los ciudadanos, tal y como sucedió en la Argentina de los 70? Una cosa es que todos, militares y civiles, seamos ciudadanos con los mismos derechos y deberes y otra muy diferente es que se nos fuerce a ser como el poder quiere que seamos. Los militares merecen respeto, siempre que tengan claras cuáles son sus funciones en una democracia y, por encima de todo, siempre que entiendan que están dónde están para proteger a Venezuela, y a todos sus ciudadanos, sin distinciones, que no solo a un grupito de desaforados a los que lo único que les interesa en mantenerse gobernando o, como ocurre en Venezuela, desgobernando.
¿Qué pudo haber pasado con gente como Tarek Williams Saab y Vanessa Davies que ayer no más eran defensores de los derechos humanos y hoy callan arbitrariedades de esta índole? No sé qué puede haberles ocurrido. Ya eso les atañe a ellos a nivel personal. Lo que sí puedo afirmar es que no son pocos los casos en la historia en los que los «revolucionarios», una vez en el poder, se olvidan de todo lo que pregonaban y se convierten en lo mismo contra lo que luchaban, y hasta peor. El poder y sus mieles enceguecen.
Por ELIZABETH ARAUJO
Diario Tal Cual
