La capital financiera de Estados Unidos es la última de una larga lista de ciudades que coloca a sitios como Airbnb la mira ante la reacción global contra las startups de «economía colaborativa» que han cambiado el panorama de la industria tradicional.
La resolución, que se aplica a todos los sitios de alojamiento a corto plazo, requiere que los operadores proporcionen una lista de todas las transacciones realizadas dentro de la ciudad. La ley entrará en vigencia en 180 días.
Los partidarios de la nueva norma argumentan que acabará con los alquileres ilegales a corto plazo, que según ellos provocan un aumento en los precios haciendo que la vivienda sea aún menos asequible en una ciudad ya de por si cara.
Airbnb acusa al poderoso lobby hotelero de la Gran Manzana de promover la legislación, argumentando que la mayoría de los anfitriones son neoyorquinos que intentan ganarse la vida alquilando habitaciones en sus casas.
La ley exige a las plataformas de alquiler a corto plazo que proporcionen a las autoridades locales datos sobre las transacciones e impone una multa 1.500 dólares, por listado y por mes ante cualquier informe inexacto. Nueva York es el mayor mercado de alquiler de Airbnb en Estados Unidos.
«Muchos propietarios responsables se enfrentan actualmente a una inspección agresiva y sin control, y están temerosos por lo que sucederá bajo esta nueva legislación», acotó Josh Meltzer, jefe de política de Airbnb para la región noreste de Estados Unidos.
El estado de Nueva York ya endureció las normas en 2016, aplicando fuertes multas a aquellos que alquilan apartamentos desocupados por menos de 30 días, a menos que el propietario o arrendador esté presente.
Quejas de la Unión Europea
La plataforma también enfrentó esta semana críticas por parte de Bruselas. Las autoridades del bloque expresaron que algunos de los términos de Airbnb y la forma en que presenta sus precios infringen la directiva sobre prácticas comerciales desleales, la norma sobre cláusulas abusivas en los contratos y el reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.
«Su popularidad no puede servir de excusa para no cumplir con la normativa de protección de los consumidores de la UE. Los consumidores deben poder comprender fácilmente por qué y cuánto han de pagar por los servicios contratados y contar con unas normas justas, por ejemplo, en caso de anulación del alojamiento por el propietario», dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, en un comunicado.
La compañía tiene hasta finales de agosto para presentar sus propuestas en respuesta a las críticas, que luego serán revisadas por la Comisión y las autoridades nacionales de consumidores. Podría enfrentarse a multas si no cumple con la normativa de la UE.
El Ejecutivo de la UE dijo que Airbnb debería indicar si el alojamiento es ofrecido por un particular o un profesional, proporcionar detalles sobre el precio de una manera clara y modificar sus términos de servicio para hacerlos más justos para los consumidores.
Las plataformas de alquiler han sido criticadas por impulsar al alza los precios de las propiedades y contribuir a la escasez de viviendas en París, Berlín, Ámsterdam y otras grandes ciudades.
