El pasado 13 de octubre el general de Brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández Da Costa cumplió 57 años: los últimos 5 en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Está condenado a 16 años de cárcel por el célebre -y muy extraño- caso de los drones, un supuesto atentado contra Nicolás Maduro ocurrido en agosto de 2018. «Han pasado 5 años y aún recuerdo la última vez que te vi a través de un muro de cristal. No pude tocarte, ni abrazarte, solo las miradas y el silencio fueron testigos de excepción», le escribió su hija Loredana Hernández, una joven universitaria que acaba de concluir un posgrado con la beca @FESonline.
Loredana es la bujía detrás de la campaña #NosFaltaPapá, en la cual hijos de presos políticos venezolanos piden la libertad de sus seres queridos. En Venezuela, de acuerdo con el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, hay 276 presos políticos: 147 son militares, 19 mujeres, 139 ni siquiera están condenados pero siguen tras las rejas.
La Constitución Nacional establece que todos los ciudadanos pueden asociarse con fines políticos y tienen también derecho a manifestar. Lo que no dice la carta magna es que dependiendo de quién manda, correrán con las consecuencias de tales osadías.
A Hernández Da Costa lo detuvieron en su apartamento hombres encapuchados, uniformados de negro, con gorras de la DGCIM, sin orden de allanamiento ni de detención. El patrón se repite de un preso a otro, militar o civil, con ligeras variantes. El librito azul de la Constitución solo es blandido para fines propagandísticos que no pueden, sin embargo, tapar la realidad.
La campaña comenzó el domingo 3 de diciembre y ha seguido cada domingo, hasta el 31 de diciembre. Es una lucha contra el olvido expresada en las palabras sencillas y dolidas de esos hijos e hijas que al acercarse la fecha de la Navidad, la de la reunión de las familias, sienten aún más larga la ausencia de sus padres o de sus madres, porque aunque son menos las mujeres a los represores les es indiferente el género de las personas.
Fabiola García Padilla habla por ella y por su hermano Oswaldo José cuando dice que son “hijos del preso político coronel Oswaldo Valentín García Palomo, privado de su libertad en los sótanos de la DGCIM desde enero de 2019”. Desde hace cuatro meses ningún familiar tiene contacto con él. “Nos hace falta nuestro padre”, dice Fabiola, serena y firme. También aparecen los hermanos Marín, apenas adolescentes, hijos del teniente coronel Igber José Marín Chaparro, detenido “injustamente desde hace 5 años, 8 meses y 12 días» en el mismo lugar donde están Hernández Da Costa y García Palomo. Con estos tres militares el ensañamiento ha sido peor porque se les ha negado el traslado a los centros de detención que en todo caso les corresponden.
Eneymar y José Cruz, hijos del comerciante José Ramón Cruz Marcano, recuerdan que su padre está detenido desde 2020 en Maturín, en el centro de reclusión Nelson Mandela -parece una broma macabra bautizar una cárcel con el nombre del líder surafricano- y piden su libertad. «Nos hace falta, es inocente». Y hay más casos de hijos que quieren ver a sus padres libres, que quieren contarles sus logros y abrazarlos.
El reclamo por la liberación de los presos políticos, cuya prisión arbitraria sufren cada día sus familiares, es permanente en la sociedad democrática venezolana que representan las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos que abogan por el cambio político y la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución, los cuales son reiteradamente vulnerados, como lo prueban denuncias e investigaciones tanto nacionales como internacionales.
Editorial de El Nacional
