El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este domingo que «la ley espera» a quienes intenten tomarse Quito «por la fuerza», después de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, dijo que podrían dirigir las protestas por el alza del precio del diésel hacia la capital si el Gobierno «no hace caso» a sus demandas.
«Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes», escribió Noboa en su cuenta de la red social X.
Vargas había advertido el viernes a Noboa de que las protestas, que hasta el momento se han concentrado especialmente en la provincia norteña de Imbabura, podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, ya que se les iba a «acabar la paciencia», pues tras más de diez días de manifestaciones el Gobierno no da marcha atrás en su decisión que elevó el precio del combustible.
Y lo llamó a recordar qué fue lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas protestas lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, lo que llevó a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante esa advertencia y el aumento de las «manifestaciones violentas», Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país y suspendió la libertad de reunión en esas localidades durante las veinticuatro horas.
Incentivos económicos
El presidente también anunció este domingo que reducirá el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 8 % durante los días festivos del próximo 9 de octubre, por la Independencia de Guayaquil, y del 2 y 3 de noviembre, correspondientes al Día de los Difuntos y a la Independencia de Cuenca.
«Porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal», dijo Noboa, cuyo Gobierno ha asegurado que el subsidio al diésel no ha beneficiado a los más pobres sino a negocios ilícitos.
Además, el mandatario aseguró que adelantarán para el 14 de noviembre el pago del aguinaldo para los funcionarios públicos que generalmente se entrega en diciembre, con el objetivo de que las familias tengan «más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday» e invitó a la empresa privada a sumarse a la iniciativa.
Tras catorce días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado 196 vulneraciones de derechos cometidas, en su mayoría, presuntamente por las fuerzas de seguridad.
Este domingo aún permanecían cerradas a causa del paro siete carreteras en cuatro de las 24 provincias que tiene Ecuador.
Movimiento indígena afirma que el Gobierno «responde con represión» a demandas
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) afirmó este domingo que el Gobierno «responde con represión a las demandas del pueblo», en referencia al estado de excepción que el presidente Daniel Noboa declaró el sábado en diez de las veinticuatro provincias del país por las protestas en contra del alza del precio del diésel.
«El presidente Daniel Noboa profundiza su política de guerra con el decreto que declara estado de excepción en las provincias movilizadas. Bajo el discurso del ‘orden’, el Gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia», dijo la organización social más grande del país en un comunicado.
Noboa aseguró en el decreto emitido el sábado que la medida se tomaba porque «las manifestaciones se han tornado violentas» y entre las justificaciones puso unas recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió al jefe del Ejecutivo que las protestas podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, la capital, si «no hace caso» a las demandas del movimiento indígena.
Este domingo, Noboa señaló que nadie podía «tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos» y que «a los que eligen la violencia, los espera la ley».
El decreto militariza comunidades indígenas
Con el estado de excepción, también se suspendió en estas diez provincias el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objetivo de paralizar los servicios.
Estas localidades se unen a otras dos que ya estaban bajo este régimen, entre ellas Imbabura, en el norte del país, que se ha convertido en el epicentro de las protestas.
La Conaie responsabilizó este domingo al presidente «por las consecuencias» de la «decisión autoritaria», que, según ellos, «busca silenciar y reprimir al pueblo en lucha».
«El decreto intensifica la movilización de Fuerzas Armadas y Policía, lo que implica una militarización masiva de las comunidades», alertaron.
El movimiento indígena indicó que el estado de excepción solo «agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias», a la vez que «pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis».
