En un acto de desesperación y protesta pacífica, familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta —conocida como Zona 7— se encadenaron este jueves a las afueras del recinto. La acción responde al aplazamiento del debate definitivo sobre la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, una decisión que las familias califican como una «burla».
El peso de las promesas incumplidas
La indignación de las familias tiene un origen reciente: el compromiso público asumido por Jorge Rodríguez. Según recordaron los presentes, el parlamentario aseguró el pasado viernes, durante una visita a la vigilia en esa misma sede, que la ley sería aprobada esta semana, abriendo paso a la liberación inmediata de todos los detenidos.
«Estamos aquí por la burla a la que fue sometido el pueblo venezolano al no finiquitar la aprobación de la ley que todos esperábamos», señaló a EFE Yessy Orozco, hija del detenido Fernando Orozco.
Agotamiento físico y emocional
La vigilia, que ya suma varios días a la intemperie, ha hecho mella en la salud de quienes esperan a las puertas del comando. Petra Vera, familiar de otro detenido, instó a las autoridades a hablar con la verdad y cesar la manipulación del dolor ajeno.
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Estado crítico: Las familias reportan cansancio extremo, deshidratación y cuadros de salud delicados tras días de espera sin respuestas.
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Exigencia clara: «Es hora de no burlarse del dolor de los familiares y de los presos que son inocentes», sentenció Vera.
El obstáculo legislativo: ¿Por qué se aplazó la ley?
Aunque el Palacio Federal Legislativo aprobó gran parte del texto —que busca conceder una amnistía general y plena para hechos ocurridos desde 1999—, la sesión se estancó en un punto crítico:
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El conflicto del Artículo 11: El debate fue diferido para la próxima semana debido a desacuerdos sobre el artículo que exige a los procesados presentarse ante los tribunales, un punto que la defensa y la oposición ven como una limitación a la libertad plena.
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Contexto político: Este proyecto forma parte del «nuevo momento político» anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero bajo supervisión internacional.
Un cierre pendiente
Mientras el sector oficialista asegura que la ley busca «promover la paz social», para las madres, hijos y esposas encadenadas en la Zona 7, la paz no llegará por decreto, sino con las boletas de excarcelación en la mano.
