La Fiscalía del gobierno de Nicolás Maduro, dirigida por Tarek William Saab, pensó que con el solo hecho de “mostrar” buenas intenciones se iban a salvar del proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional. Pues resulta que Karim Khan se encargó de bajarlos de la nube, pues su despacho no está dispuesto a creer en promesas.
“La evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro”, enfatizó el fiscal de la CPI al comentar la decisión de no aceptarle la petición de prórroga al gobierno chavista para el proceso. ¿Qué significan las palabras de Khan? Que no se trata de evaluar el trabajo que están dispuestos a hacer en la oficina de Saab de ahora en adelante, ni de las conversaciones que de manera cortés mantienen con los representantes del fiscal o del permiso para abrir una oficina en Caracas, sino de lo que han hecho en casos específicos para poder procesar, juzgar y sentenciar a los culpables de violaciones de derechos humanos.
El principio de “complementariedad” se basa precisamente en que la Fiscalía de la CPI asume la investigación y el procesamiento de causas que no han sido llevadas a término por el gobierno del país por variadas razones. Eso es lo que Saab debió demostrar, pero en vez de hacerlo, insisten en introducir los papeles de los mismos nueve casos que han manejado hasta ahora. ¿Han hecho algo más? De acuerdo con esta acción, no. Y de paso, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad introdujo 36 nuevos expedientes.
Con estos últimos casos, sustentados en declaraciones de víctimas que fueron entrevistadas en varias partes del mundo por los especialistas de la red, se elevan a 50 las denuncias que maneja ahora la Fiscalía de la CPI. ¡Y el despacho de Saab solo ha actuado en 9! Es evidente que si se les deja solos, no se conseguirá impartir justicia y los culpables de los delitos seguirán libres, sobre todo los últimos eslabones de la cadena, los autores intelectuales.
Ahora los denunciantes tienen oportunidad de remitir sus observaciones para que todo siga su curso. No habrá dilaciones ni pausas, como lo pidió el gobierno de Maduro. Se desdicen ellos mismos, pues ni siquiera disimulan para hacer creer que están dispuestos a profundizar en las denuncias e imputar a los culpables de los tantos otros casos que ni siquiera parecen haber revisado.
La Red de Documentación asegura que muchas de las víctimas han tenido que huir del país y que los casos han pasado completamente inadvertidos para el sistema de justicia chavista. Lo que no se debe olvidar es que los delitos de lesa humanidad no prescriben y todavía queda la esperanza de que la CPI haga justicia. Esta vez les negaron la prórroga, más temprano que tarde serán juzgados.
Editorial de El Nacional
