La violencia en esa cárcel fue más evidente el martes cuando un macabro video que presuntamente mostraba los cadáveres decapitados de tres reos fue colocado en el cibersitio del periódico Folha d Sao Paulo, el cual indicó que los reclusos grabaron las imágenes el 17 de diciembre.
La agencia de Naciones Unidas (ONU) defensora de los derechos humanos pidió el miércoles una «investigación inmediata, imparcial y efectiva» de la violencia en una penitenciaría en el noreste de Brasil donde murieron al menos 60 presos en choques entre pandillas en 2013.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos dijo el miércoles en un comunicado que le preocupan las «terribles condiciones en las prisiones brasileñas» e indicó haber solicitado a las autoridades que impongan de inmediato el orden en la penitenciaría de Pedrinhas, en el estado de Maranhao, señaló AP.
«Los espeluznantes crímenes captados por la cámara forman parte de un problema más amplio de violencia incontrolada en las prisiones de Maranhao», afirmó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de la organización activista Human Rights Watch en un comunicado. «El estado requiere urgentemente investigar estos delitos, restaurar el orden en las prisiones y asegurar la seguridad de los reos».
Diez días después el juez Douglas Martins emitió un informe según el cual las autoridades estatales han sido incapaces de controlar la situación en Pedrinhas, provocada por la superpoblación, las peleas entre pandillas y las órdenes emitidas por los líderes de éstas de violar a mujeres que visitan a sus esposos, hijos o hermanos.
Pedrinhas, construida para albergar a 1.770 reos, tiene una población actual de casi 2.200.
El gobierno del estado de Maranhao indicó en un comunicado que las conclusiones de Martins se basan en «falsedades que buscan empeorar» la situación dentro del sistema de prisiones estatal.
Nadie respondió a las llamadas telefónicas al gobierno del estado de Maranhao para solicitarle sus comentarios al respecto.
Amnistía Internacional también expresó el miércoles su preocupación con la «creciente violencia y la falta de soluciones concretas a los problemas que afectan al sistema de prisiones del estado de Maranhao, donde se han registrado violaciones graves a los derechos humanos».
En Brasil, donde unos 500.000 reos están dentro de más de 1.200 cárceles, las fugas son algo rutinario y los motines ocurren con frecuencia. Los principales líderes de pandillas de narcos que están tras las rejas mantienen su poder en los barrios pobres de la nación.
José Eduardo Cardozo, el ministro de Justicia del país, dijo alguna vez que Brasil tenía un «sistema medieval de prisiones que viola los derechos humanos y no permite que se produzca el elemento más importante de la sanción penal, que es la reintegración social».
