El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que la publicación responde a las «histéricas y distorsionadas» declaraciones de voceros gubernamentales chilenos, quienes dicen que la Fiscalía venezolana no ha querido cooperar con la investigación
El Fiscal General, Tarek William Saab, hizo pública este viernes, en nombre del Ministerio Público (MP), la respuesta entregada a la Fiscalía chilena sobre el caso del asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile.
Saab informó que la publicación responde a las «histéricas y distorsionadas declaraciones oficiales de voceros gubernamentales chilenos, en donde a través de su acostumbrado lenguaje soez vuelven a mentir en relación al caso Ojeda: esta vez para decir que la Fiscalía venezolana no ha querido cooperar con la investigación relacionada con ese lamentable homicidio».
Ante las acusaciones, la máxima autoridad del MP indicó que se vieron en la obligación de difundir las pruebas que entregaron al gobierno chileno mediante los canales regulares.
«Nos vemos obligados como órgano principal del Poder Ciudadano de Venezuela a hacer pública la respuesta entregada a la Fiscalía Nacional de Chile, las cuales fueron enviadas de manera oportuna a través de los canales regulares», precisa.
Asimismo detalló que Chile requirió la información mediante dos mecanismos, la primera de ellas «Solicitud de Cooperación Interinstitucional (mecanismo de la AIAMP), recibida el 09/04/2024 a través de correo electrónico, que fue respondida en fechas 18/04 y 23/04/2024» y posteriormente «Solicitud de Asistencia Mutua en materia Penal, recibida en fecha 15/04 por correo electrónico y 18/04/2024 por vía diplomática, cuya respuesta fue enviada en fecha 29/05/2024».
Agregó que también recibieron dos ampliaciones de la SCI recibidas el 30/04, las cuales fueron respondidas por la Fiscalía venezolana el 29/05.
Finalmente la máxima autoridad de la Fiscalía ratificó que el Ministerio Público de Venezuela, bajo su gestión, continuará en base a lo establecido en los mecanismos de cooperación penal internacional, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones conducentes para combatir el delito transnacional en todas sus formas, todo ello en base a lo establecido por el Derecho Internacional.
