El Ministerio Público acusó a una mujer y cuatro hombres, todos de nacionalidad colombiana, por su presunta vinculación con el contrabando de 4.595 litros de combustible, incautados el 5 de noviembre de 2013, en una vivienda ubicada en el sector Las Vegas, parroquia El Amparo, municipio Páez del estado Apure.
Los fiscales 3º nacional y auxiliares, Eylin Ruiz, Jorge Sayegh y Marifer Arrechedera, respectivamente, acusaron a Amarilis Zambrano por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado y posesión ilícita de arma de fuego.
De igual modo, Eduardo Pacheco, Carlos Gutiérrez, Luis Corredor y Antenor Pacheco fueron acusados como cómplices no necesarios en los delitos antes mencionados.
Adicionalmente, los fiscales acusaron a las cinco personas por asociación para delinquir. Los referidos delitos están previstos y sancionados en las leyes Sobre el Delito de Contrabando; para el Desarme y Control de Armas y Municiones; y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el escrito presentado ante el Tribunal 5º de Control de Guárico, extensión San Juan de Los Morros, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de las cinco personas y que se mantenga la medida privativa de libertad de estos. Vale señalar que los cuatro hombres están recluidos en el Internado Judicial del estado Apure; mientras que la mujer permanece en el Centro de Coordinación Policial de Guasdualito.
El día antes citado, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) allanaron la vivienda de Zambrano ubicada en la parroquia El Amparo, donde encontraron almacenados los 4.595 litros de combustible; dinero en moneda venezolana y colombiana, una escopeta doble cañón, cartuchos 9 mm y de fusil automático ligero, motores para lancha y plantas eléctricas.
En virtud de que las cinco personas no pudieron justificar la tenencia de la mercancía fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
Vale mencionar que el Ministerio Público solicitó la radicación de la causa, la cual fue acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que decidió remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del estado Guárico.
Fuente: GV
