Como se sabe, o debería saberse o es necesario saber, las autoridades venezolanas son sujetos de investigación por organismos internacionales y tribunales de ámbito universal.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció, ya en septiembre de 2019, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Un año después, en su primer informe, se dice que hay «motivos razonables» para concluir que las autoridades del Estado, incluidas personas de los más altos niveles del gobierno, habían orquestado y aplicado una política para «silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno de Maduro», que incluyó la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El segundo informe de la misión, del período del 1º de enero de 2020 al 31 de agosto de 2023, se conoció esta semana. La misión sigue contando con «motivos razonables» para afirmar que hay un uso continuado por parte del Estado tanto de tácticas de «línea dura» como tácticas «blandas» para atacar a individuos y organizaciones que «investigan, denuncian o intentan» defender los derechos humanos o sociales y económicos, o también a aquellos que interfieren con intereses de actores gubernamentales.
Basta leer los enunciados del capítulo identificado como «Mecanismos de represión» para saber a qué apunta el informe, para saber de qué se ocupan las autoridades venezolanas. Veamos: privación arbitraria de la vida, desaparición forzada de corta duración, detenciones arbitrarias , tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y de género. Nada alentador.
Detengámonos en el rótulo privación arbitraria de la vida y advirtamos que el documento observa una reducción del número de muertes por la acción de las fuerzas de seguridad, aunque sigue siendo alarmante y está entre los más altos del mundo.
La misión investigó nueve casos de muertes desde 2020 que encajan en el guion de la represión contra opositores reales o percibidos. Tres de los decesos están relacionados con protestas, cuatro eran actividades de la sociedad civil y dos se produjeron mientras estaban bajo detención. En cinco de estos casos, las muertes pueden ser consideradas “privaciones arbitrarias de la vida” atribuibles a las actividades estatales.
Es necesario ponerle nombre y apellido a esos venezolanos que perdieron la vida en circunstancias sin aclarar. Para evitar que se les olvide. El informe de la misión no lo hace. Hay, dice el documento, motivos razonables para crear que la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección de Contrainteligencia Militar fueron los responsables de las muertes de Carlos Ernesto Chaparro y Junior Enrique Chaparro, en los estados Aragua y Anzoátegui, durante protestas por la escasez de gasolina en julio y agosto de 2020. El cadáver de Junior Enrique Chaparro, miembro de la etnia kariña, se encontró en un bosque con siete impactos de bala.
Otras cuatro muertes eran, según la misión, actores de la sociedad civil: los periodistas José Carmelo Bislick Acosta y Andrés Eloy Nieves Zacarías, asesinados en agosto de 2022; el líder indígena uwottüja, Virgilio Trujillo, asesinado en junio de 2022; y el activista del Partido Comunista y comunicador social José Gregorio Urbina, asesinado en enero de 2022. La misión no señala que estos casos encuadren en la represión selectiva de opositores o percibidos como tales. Pero tampoco lo descarta.
Otras dos muertes ocurrieron en recintos “protegidos” por el Estado: el general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa entre 2006 y 2007, murió mientras estaba bajo custodia del Sebin, y Salvador Franco, miembro del pueblo pemón, quien falleció en la cárcel de El Rodeo II. La misión tiene también motivos razonables para creer que estas muertes fueron consecuencia de la denegación de atención médica. Las muertes bajo custodia se consideran “privaciones arbitrarias de la vida” y retratan la responsabilidad del Estado.
El informe completo de la misión se puede consultar aquí. Sobran también los «motivos razonables» para decir basta a la represión y a la sin razón.
