Durante la actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, María Eloísa Quintero, dijo que la nueva legislación es arbitrariamente restrictiva y no reconoce la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos
En una jornada marcada por la tensión y el choque de narrativas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV) presentó este jueves su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La presentación, a cargo de la experta María Eloísa Quintero, dibujó un mapa de Venezuela dividido en dos fases críticas: una de represión sistemática bajo el mando de Nicolás Maduro y otra de incertidumbre tras su captura por parte de fuerzas estadounidenses.
La investigación abarca desde septiembre de 2025 hasta la actualidad. En su primer tramo (fines de 2025), la Misión documentó la continuidad de patrones de violencia estatal. Entre septiembre y diciembre de ese año, se registraron 135 detenciones arbitrarias, incluyendo a 8 niños y adolescentes (algunos de apenas 2 y 5 años), detenidos frecuentemente como represalia contra sus familiares.
La Misión denunció la muerte de al menos tres personas en custodia por falta de atención médica y documentó casos de tortura y violencia sexual en centros de detención y casas de seguridad. «Las autoridades continuaron aplicando la política estatal de represión», dijo Quintero, resaltando el impacto devastador en las mujeres que, ante la falta de información, han llegado a realizar huelgas de hambre frente a las prisiones.
El punto de quiebre: 3 de enero de 2026
El reporte dio un giro histórico al abordar la intervención militar de Estados Unidos a principios de este año. La Misión recordó que el 3 de enero de 2026 se produjo un ataque que incluyó bombardeos a bases aéreas y militares, dejando un saldo de 82 muertes. Durante esta operación de fuerzas especiales, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados forzosamente a Estados Unidos.
Pese a las graves acusaciones contra Maduro, la Misión fue tajante: «La operación militar estadounidense violó el derecho internacional. Si bien existen motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, eso no justifica una intervención militar ilegal».
Delcy Rodríguez y la Ley de Amnistía
Tras la captura de Maduro, la Corte Suprema designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Aunque Rodríguez inició un proceso de excarcelación masiva bajo una Ley de Amnistía, la Misión expresó serias reservas.
Quintero señaló que, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, se registraron 247 excarcelaciones por amnistía y 7.407 libertades plenas. Sin embargo, criticó que la ley es «arbitrariamente restrictiva», no reconoce la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos y excluye a militares y civiles acusados de «traición a la patria».
«La misión reitera su llamado para que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas de forma incondicional (…) No se requiere de la ley de amnistía para excarcelar al que ha sido privado ilegítimamente de su libertad».
Actualmente, al menos 76 extranjeros y cientos de venezolanos continúan en prisión. Además, la Misión denunció que en esta nueva etapa ya se han registrado 87 nuevas detenciones, incluyendo a 14 periodistas y 15 niños que presuntamente celebraron la caída de Maduro.
La representación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó categóricamente la actualización de la Misión Internacional. El delegado venezolano acusó a la Misión de ser el «brazo de propaganda» que facilitó la agresión militar del 3 de enero.
«¿Dónde estaba la voz de esta seudo-misión ante el secuestro del presidente Maduro?», cuestionó el representante, calificando el organismo como un «negocio político» que consume casi 10 millones de dólares del presupuesto de la ONU. Según el gobierno de Rodríguez, Venezuela se encuentra ahora «en paz» y ha resistido la agresión externa, reafirmando que no reconocen el mandato de la Misión.
A pesar del rechazo oficial, la FFMV advirtió que la maquinaria represiva permanece «intacta» y que funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad siguen en el poder. La Misión solicitó acceso pleno al país para investigar el aumento exponencial de denuncias y acompañar lo que calificaron como un momento crucial para las víctimas y los más de 8.7 millones de venezolanos en el exterior.