La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela denunció que las investigaciones en el país concernientes a derechos humanos son limitadas.
Durante un diálogo interactivo, la presidenta de esa instancia, Marta Valiñas, recordó casos como el del concejal Fernando Albán o el del capitán Rafael Acosta Arévalo: en ambos se realizaron investigaciones pero estas solo se dirigieron a autores materiales de bajo nivel.
Por lo tanto, la misión ampliará sus investigaciones “a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos”.
La instancia, continúa Valiñas, también documentó carencias en cuanto a atención médica para las personas detenidas. Tal es el caso del general Raúl Isaías Baduel, fallecido en la cárcel, o el de Emirlenes Benítez, sometida a torturas en la Dgcim de Boleíta y quien actualmente está postrada en una silla de ruedas.
Otra preocupación son los traslados a la Dgcim de Boleíta, como ha ocurrido con Javier Tarazona, director de Fundaredes, que ha sido víctima de tortura blanca.
“Esta Misión está preocupada por la situación de Orlando Moreno, quien luego de su liberación denunció ser víctima de tortura. Su caso fue llevado a juicio. Nos preocupa que este sea un caso emblemático que muestre la falta de independencia del sistema judicial”, expresó Valiñas.
“Hoy la vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas sigue afectada. Han soportado una década de profundización de una crisis y violación de derechos humanos. Lo que se ha visto agravado por la pandemia”, añadió.
El jueves la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que la reforma del sistema de justicia en Venezuela es un paso prometedor que puede conducir a una transformación institucional significativa.
Durante la actualización oral del informe sobre los derechos humanos en Venezuela, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que en los últimos seis meses ha habido algunas iniciativas que abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos.
Resaltó, por ejemplo, la restructuración de la Policía Nacional Bolivariana —una medida que no ha sido anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro—, el freno al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas adoptadas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales.
«Además, saludo la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, que ha permitido un mayor número de candidatos. Este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial de Venezuela», manifestó.
Fuente: El Nacional
