El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, aseguró que en caso de detectar que beneficiarios vendan las casas asignadas por la Misión, se les revocará la propiedad. Señaló que la irregularidad evidenciaría que no necesitaba el beneficio que le fue otorgado.
El nuevo propietario sería considerado como invasor y copartícipe del hecho, y en ese sentido se anularía el documento de compraventa, dijo en declaraciones a Últimas Noticias. Informó que ya han registrado casos con beneficiarios de la Misión. Estos las han vendido, o las alquilan.
En el caso de quienes alquilan, el ministro sostuvo que se investiga un poco más: “A veces nos dicen que tenían una necesidad y necesitaban el dinero del alquiler. Esos casos los estudiamos. Al igual que la familia que paga por el alquiler, los investigamos, pero nos vamos más por la parte social, de la necesidad que tienen y les buscamos una solución, porque es una familia que no se puede quedar en la calle”.
Cobranzas. En el tema de las cobranzas, Ricardo Molina señaló que más de 70% de los beneficiarios de las unidades que asigna el Estado mediante el programa Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) ya están cancelando sus casas.
Amplió que hace dos meses se implementaron dos modalidades para que los adjudicatarios cancelen la cuota mensual por concepto de crédito hipotecario: o bien mediante el descuento por nómina a trabajadores beneficiados con las unidades de la Misión Vivienda “si así lo desean” o a través del pago con sus tarjetas de débito. “En este caso, el beneficiario va al banco, perteneciente al sistema financiero público, y cancela su cuota con su tarjeta de débito. Eso lo hemos logrado a través de una coordinación con el ministro de la Banca Pública, Marco Torres”, aseveró el ministro.
Aclaró que la modalidad donde el trabajador paga a través de descuento por nómina aplica para trabajadores de los sectores público y privado.
El ministro Molina señaló que, tras la adecuación de los proceso este año, se estructuró mejor la cobranza en todas la unidades que construye el Estado, tanto en los edificios en Caracas y el interior del país como en las realizadas por el poder popular, gestionadas por los consejos comunales.
El ministro recordó que esas casas “no son una donación”, sino adjudicaciones: “Solo que en algunos casos, cuando las familias están condiciones de extrema necesidad, y no perciben ni siquiera un sueldo mínimo, se les subsidia 100% la casa”.
Comentó que en otros casos, los créditos hipotecarios son menores porque el costo de producción de las unidades construidas por el Gobierno tienen un precio tope actual de 360 mil bolívares, y se les otorga un plazo de 30 años para cancelar el crédito.
Fuente: UN
