Ninguno de los adolescentes aprehendidos en los hechos violentos iniciados en el país el 12 de febrero se encuentra actualmente tras las rejas, según balance del Ministerio Público.
En su página web, la Fiscalía General presenta un cuadro donde se observa que suman 3 mil 102 las personas aprehendidas en las mencionadas protestas violentas. De ellas, 381 son adolescentes con edades entre 12 y 17 años.
La Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna) establece que la más alta pena que puede imponérsele a un menor es de cinco años. A partir de los 12 años, un menor ya puede ser procesado penalmente, explicó una jueza especializada en menores quien destacó que el juicio a un adolescente es breve y normalmente se le otorgan medidas cautelares.
Por ejemplo, cuando el pasado 8 de mayo la Guardia Nacional desmanteló cuatro campamentos en Caracas, apresaron a 243 personas, entre ellos 11 adolescentes.
Esos 11 menores fueron entregados a sus familiares ese mismo día y les dictaron una medida de protección a su favor, según lo informó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Llamado a los padres. Y en el caso de los cinco menores detenidos el 3 de abril en Altamira, con ocasión de un enfrentamiento entre protestantes y la Guardia Nacional, también les fueron concedidas medidas de protección.
Esas medidas fueron acordadas por el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas basado en el artículo 160 de la Lopnna que establece el “cuidado en el propio hogar del niño o adolescente”. Adicionalmente, la mencionada instancia dictó para los adolescentes la prohibición de concurrir al lugar donde ocurrieron los hechos, a fin de resguardar su integridad física.
Además, los representantes del consejo de derechos se reunieron con los imputados y sus familiares para alertarlos sobre el riesgo que corren al asistir a manifestaciones de ese tipo, informó la Fiscalía.
Hasta ahora la única sanción que se ha impuesto a los menores procesados ocurrió en Zulia, donde cinco adolescentes, acusados por obstrucción a la vía pública, fueron sancionados a prestar servicio a la comunidad durante seis meses. “Esto le va a servir para reflexionar”, dijo la Fiscal General cuando informó dicha medida el pasado 10 de abril.
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Eligio Rojas
