Bajo el Gobierno de Hugo Chávez, la incorporación de la figura militar en las labores de los particulares se convirtió en una tarea permanente. En su afán de promover una «alianza cívico-militar», los miembros de la Fuerza Armada Nacional dejaron de pertenecer a un cuerpo exclusivo de defensa de la Nación, para convertirse también en administradores y titulares de ministerios, empresas del Estado, institutos autónomos y misiones sociales.
Actualmente, el panorama no es diferente. Pese a que el presidente Nicolás Maduro se caracteriza por venir del mundo obrero, su gobierno apunta a afianzar la militarización del área civil, en detrimento de la libertad sindical. Los militares además ahora empiezan a ocupar un lugar en la actividad empresarial y comercial.
«De tenerse una visión de Estado, en la cual la Fuerza Armada fungía como una institución de apoyo, ahora se ha convertido en el gran actor, donde los límites constitucionales pueden llegar a ser inocuos», dijo el abogado constitucional Juan Manuel Rafalli.
Detalló que la supremacía que se le ha otorgado a la institución castrense contraviene el modelo de Estado previsto en la Constitución, basado en un Estado social de derecho y de justicia, donde la administración pública y la Fuerza Armada tienen definidos su roles.
Consideró que solo en casos puntuales puede permitirse la cooperación de la Fuerza Armada para lograr un fin del Estado en beneficio de los ciudadanos, «pero eso no puede ser una actividad permanente».
No obstante, organizaciones no gubernamentales, como el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), registran desde 2008 un acelerado y permanente proceso de militarización de las relaciones de trabajo para afrontar una «guerra asimétrica» que nunca existió. Froilán Barrios, portavoz del Fadess, explicó que para construir este ideal se promovió la creación de milicias obreras, el trabajo voluntario semanal e instrucción militar a trabajadores de empresas del Estado, incluso se incorporó a personas de la tercera de edad al novedoso cuerpo militar.
No conforme con ello, el Ejecutivo ahora se plantea colocar las milicias en los cajas de los supermercados públicos y privados, lo cual puede tornarse en una especie de intromisión que obstruye derechos constitucionales, como la libertad económica y de contratación, y la libertad sindical.
Rafalli resaltó que los artículos 112 y 299 de la Carta Magna establecen claramente que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, fomentará el desarrollo de la economía.
«El Estado no está creado para intervenir y suplantar. Solo puede intervenir cuando se reserva actividades específicas en empresas públicas y privadas por razones de soberanía. Por ejemplo, Pdvsa y la Electricidad de Caracas», señaló.
Insistió en que no es deleznable que se haga un esfuerzo porque se incorporen a las milicias u otras formas de organización de la comunidad en actividades productivas, siempre que se realice con apego a la ley.
Hizo énfasis en el artículo 328 de la Constitución, que resalta que la función de la Fuerza Armada es garantizar el orden interno de la Nación y defender la soberanía nacional, y no suplantar el sistema socioeconómico. Precisó que igual ocurre con las milicias pues si se estableciese lo contrario se atenta contra la legislación.
Incertidumbre jurídica
El abogado considera que la inclusión de los milicianos en los supermercados debe quedar bien definida mediante una resolución oficial, pues en la forma como se está planteando no queda claro quién asume la figura de empleador, quién responde a la hora de un accidente laboral, qué estatuto laboral va a regir a la milicia.
«Hasta que eso no salga en alguna resolución en Gaceta Oficial, hay una situación de duda. ¿Son empleados públicos trabajando en entes privados o son personas que el Estado va a proveer como un recurso especial al ente privado para que despliegue su actividad?».
Rafalli se pregunta ¿dónde queda el derecho a la libre contratación del empleador?
En el ámbito sindical, la situación activó las alarmas. Barrios alertó sobre una precarización del empleo y el abaratamiento de la mano de obra en un país que tiene a casi la mitad de la población activa en la informalidad. El Partido Comunista abogó porque se sincere la situación, pues hay informaciones de que los milicianos reciben salarios precarios y no los ampara la Ley del Trabajo o los contratos colectivos.
Criminalizar el conflicto
Para el Fadess y Provea, el uso de la fuerza militar en las relaciones laborales y la aplicación de leyes como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se han inscrito dentro de la política de enfrentar represivamente la conflictividad laboral registrada en el país desde 2008 con un promedio de 2.000 conflictos anuales.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, sostuvo que la militarización ha generado graves precedentes que, en algunos casos, se han convertido en juicios militares y prisión para quienes protestan, al recordar el caso de cinco sindicalistas del Táchira que fueron sometidos a la justicia militar por protestar frente al Fuerte Murachí por sus pasivos laborales.
Otros hechos guardan relación con el ingreso de efectivos de la Guardia Nacional a empresas estatales, con armas de fuego aunque es inconstitucional.
Fuente: El Universal
