Tras dos horas de manifestación en las calles del centro de la capital peruana, un violento ataque de la policía puso fin a la movilización pacífica de más de 2.500 jóvenes, quienes llegaron a solo 300 metros del Congreso, al frente de la antigua Biblioteca Nacional. Con las etiquetas #22J y #tomalacalle, la multitud protestó contra el Parlamento para exigir, por segunda vez en la semana, una nueva elección de magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, puesto que varios de los elegidos por el Legislativo el miércoles pasado no son aptos para el cargo, sea por militancia partidaria o por incompetencia profesional.
La protesta empezó a las seis de la tarde en la plaza San Martín del centro de Lima. En varias partes de la plaza los grupos coreaban lemas distintos: “Recuperemos el país ahora”, “Congreso y Tribunal: vergüenza nacional”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Abajo los narcoindultos”, “No nos representan”, “Ollanta mentiroso”. Un hombre aprovechaba para vender pequeños adhesivos con la bandera nacional y la frase más repetida en la semana: “No a la repartija”.
Incluso, mientras un grupo cantaba el himno, otros manifestantes indignados explicaban su presencia allí mediante megáfonos. “Pedimos que se acabe la repartija, fuera los corruptos”, pidió el joven historiador Gabriel Salazar, al aludir al mecanismo que usaron cuatro partidos políticos en el Congreso para llegar a un consenso: tres magistrados al Tribunal Constitucional propuestos por Gana Perú (el partido del oficialismo); dos por el fujimorismo, uno por el Partido Popular Cristiano, y la defensora del Pueblo, una abogada propuesta por Perú Posible. Los reemplazos debían haber sido designados hace más de un año en algunos casos.
Tras la concentración, la multitud caminó por cinco de las principales calles del centro de Lima, aunque muchos no sabían a dónde se dirigían; los policías los acompañaban de cerca formados en fila india. Pero, al llegar a la avenida Abancay, donde se encuentra la sede del Legislativo, encontraron la contención de más de 100 policías, dos vehículos antimanifestaciones, varios patrulleros y la policía montada.
Las cargas policiales comenzaron después de que una joven empujó el escudo de uno de los policías. Los agentes volvieron a golpear a los manifestantes con varas y lanzaron gas lacrimógeno mientras que los manifestantes se apostaban frente a la antigua Biblioteca Nacional. Mientras, en la avenida Abancay, algunos jóvenes estuvieron sentados en el piso, otros cantaban el himno, algunos escuchaban la música de unos sikuris (intérpretes de quena, un instrumento de viento), bailaban y coreaban lemas para que el Congreso encuentre una salida a la designación de nuevas autoridades y cese la corrupción política. Los jóvenes estuvieron dos horas y media en las calles y luego algunos volvieron a reunirse en la plaza San Martín. Once estudiantes fueron detenidos por delito contra la tranquilidad pública y contra la paz pública.
El Parlamento decidió la tarde del lunes convocar a un pleno extraordinario este miércoles para discutir cómo dejar sin efecto las resoluciones legislativas que nombraron el miércoles pasado a los magistrados del Constitucional y la Defensora del Pueblo, y buscar la fórmula para la nueva elección de esos altos funcionarios. Ya han declinado al cargo mediante un documento cuatro de los magistrados y la defensora, pero faltan algunos más.
“Si los políticos creen que pueden cruzar líneas y actuar de una manera ilegal o antiética sin pagar un precio político, lo van a hacer. Solo lo van a dejar de hacer si saben que pagarán un costo. Esta vez pagaron un costo”, dijo a este periódico el politólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky.
“No se ve con mucha frecuencia una respuesta muy fuerte de la sociedad civil. Entonces los políticos midieron muy mal la temperatura de la sociedad. Me parece sano para la democracia que, por primera vez en muchos meses, una parte de la clase media y los medios hayan reaccionado de una manera unida contra esa decisión del Congreso”, añadió.
El Congreso tendría que conformar una nueva comisión que busque y presente nuevos candidatos para los altos cargos que quedarían sin juramentar. “Los congresistas tienen que garantizar a las personas más calificadas lo que significa llegar a esos cargos: una honra y no que los pongan de piñata”, agregó el psicoanalista Max Hernández. Hernández, exsecretario ejecutivo del Acuerdo Nacional —una instancia de diálogo interpartidaria y de la sociedad civil— encuentra crucial que el Congreso trabaje para librar del desprestigio la elección de dichas autoridades tras el desacierto del pacto político que se desbarató con la protesta ciudadana.
Fuente: http://internacional.elpais.com/
