La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre Milagros Paz, aseguró que la sentencia emitida ayer por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “castiga a los verdaderos representantes del poder popular por haber solicitado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática a fin de exigir al gobierno de Nicolás Maduro la celebración de elecciones justas en Venezuela”.
La parlamentaria calificó como “absurda”, “inconstitucional” e “írrita” la decisión emitida por los magistrados del máximo tribunal del país que no solamente los despoja de su inmunidad parlamentaria, sino que también los deja a merced de los tribunales militares para ser juzgados por el presunto delito de “traición a la patria”.
La mañana del martes, el TSJ emitió la sentencia número 155 a través de la cual declara nulo el acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA aprobado por la Asamblea el 21 de marzo; pone bajo la lupa a los 90 parlamentarios que ratificaron el pacto con la posibilidad de ser juzgados por la justicia militar; elimina la inmunidad parlamentaria alegando que están en situación de desacato; y “ordena” al Presidente de la República aplicar el estado de Excepción, de ser necesario, para garantizar la gobernabilidad del país.
Esto último faculta a Nicolás Maduro a actuar por encima de la Constitución Nacional, porque lo habilita a tomar medidas internas (civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales) y externas (evaluar la situación internacional para tomar medidas en contra de la OEA), que le permitan conjugar un Estado de Conmoción Interna.
“Nosotros solicitamos la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela. Estamos pidiendo que se convoque a elecciones, no que se intervenga a Venezuela. En 2016 debió celebrarse la justa para escoger a gobernadores de estado y diputados a los Consejos Legislativos y el CNE, alegando cualquier excusa, decidió, por órdenes de Nicolás Maduro, saltarse un proceso contemplado en nuestra Constitución Nacional. Está terminando marzo y aún no han fijado el cronograma electoral de 2017”, recordó la también coordinadora regional de Primero Justicia en el estado Sucre. Este año, de acuerdo con la Carta Magna, también deben celebrarse las elecciones para alcaldes y concejos municipales.
La asambleísta manifestó que precisamente lo que se está buscando es restituir el hilo democrático quebrantado por el oficialismo, a fin de devolverle al país la paz, la independencia de los poderes públicos, restablecer la soberanía nacional (hoy entregada a cubanos, chinos y rusos) y preservar la integridad territorial.
“Sabemos que el gobierno está contra la pared. Maduro y su cúpula de incapaces, saben que, de todas, todas, pierden cualquier elección que se convoque en Venezuela. Al Psuv se le hace imposible, remontar el nivel de rechazo que Maduro, Diosdado y El Aissami se han encargado de generar entre la población. En una jornada electoral, no podrían alzarse con las gobernaciones de estado, los consejos legislativos, las alcaldías y los concejos municipales”, puntualizó.
Y las condiciones financieras del país, tampoco están a su favor como para estar creando la figura de vicepresidentes para las regiones o de protectores como han hecho con Miranda, por ejemplo.
El poder legislativo venezolano sugirió ante la OEA fijar una hoja de ruta que permita definir el calendario electoral pendiente, liberar a los presos políticos y buscar soluciones conjuntas y consensuadas a la crisis humanitaria resultante de la grave escasez de alimentos y medicinas.
“Cada ladrón juzga por su condición. Los que hoy ocupan el gobierno, golpistas de oficio, ven golpes de Estado en todas partes y creen que hacer respetar los derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la Carta Democrática Interamericana suscrita por Venezuela y la cual tiene el mismo rango legal de nuestra Constitución, es promover una invasión o intervención. Desde el parlamento y desde la calle, seguiremos presionando para que en Venezuela se respete la voluntad de un pueblo que pide a gritos cambio y elecciones ya”, concluyó.
Nota de prensa
