A propósito del decreto número 600 del gobierno regional del Estado Táchira para la regulación de ventas de múltiples productos en la entidad fronteriza, el Diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que bajo la intención de evitar el contrabando de extracción, realmente se estarían limitando derechos constitucionales y golpeando la paciencia y la tranquilidad de los habitantes de la región.
Explicó que para poder comprar electrodomésticos, alimentos, calzado, textiles y otros rubros, tanto a comerciantes como a consumidores se exige pedir y mostrar cédula de identidad, certificado de residencia expedido por las delegaciones, registro de información fiscal y hasta recibos de servicios públicos.
Rodríguez estima que en primer lugar el gobierno del Táchira no puede discriminar a sus visitantes, venidos de cualquier otra parte del país, a la hora de ejercer sus derechos económicos, y mucho menos puede restringir la movilización de productos lícitamente adquiridos entre las distintas regiones de Venezuela.
Igualmente, reclama el parlamentario, no debe incurrirse de nuevo en la criminalización de la familia de los estados fronterizos, convirtiéndolos siempre en sospechosos de delitos, por lo cual tienen que realizar un viacrucis para ir al mercado, comprobando antes con trámites que ya generan congestionamiento en las oficinas públicas, que no son contrabandistas.
“Yo puedo entender que desde el gobierno haya preocupación por el hecho de que a los tachirenses se les deba garantizar el acceso a los productos, particularmente por la ganga en que está convertida nuestra mercancía para el hermano colombiano que gana mejor, que ha tenido un gobierno más eficiente y que hizo que un sueldo mínimo allá sea más de 10 veces un sueldo mínimo aquí”, subrayó.
“Pero la solución no puede ser que además de las colas que ahora se hacen en los comercios de todo el estado, ahora sea obligatoria la penuria de tramitar cartas de residencia y actas de nacimiento. Nuevas y más fuertes colas, exclusión de los hermanos turistas venezolanos, limitación muy delicada del espectro de intercambio comercial fronterizo y, frente al verdadero contrabando, el de los grandes chivos, mucho ruido y pocas nueces”.
A manera de recomendación, Rodríguez llama la atención a las autoridades militares y civiles de los estados fronterizos, en el sentido de que es obligatorio cumplir con los atributos que concede la Constitución Nacional al derecho a la propiedad. “El uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad, no puede ser abatido por un decreto de una gobernación. No es admisible que se amenace con detención y enjuiciamiento a quien quiera pasar un producto de un lado a otro de la frontera, para su uso, para llevárselo a algún familiar. El contrabando es otra cosa y las autoridades saben muy bien en qué cantidades se mueve, por dónde pasa, quiénes lo amparan aquí y allá, y es ahí donde debe amarrarse bien los pantalones y actuar, caiga quien caiga”.
Fuente: Nota de prensa
