Qué desgracia la de los migrantes, huyen de realidades horrorosas, de sus propios países para tratar de sobrevivir y ayudar a los suyos, pero se consiguen con toda clase de obstáculos. El último, una guerra electoral en Estados Unidos que los ha convertido casi en carne de cañón, en simples objetos que se mueven de un lado a otro para dañar la reputación del contrario.
Esto es lo que un grupo de senadores demócratas está tratando de determinar. Por esta razón enviaron una misiva al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para que su oficina investigue y determine si el comportamiento de los gobernadores republicanos Greg Abbot (Texas) y Ron DeSantis (Florida) supone la violación de las leyes federales y por lo tanto cometieron delito al trasladar a migrantes a otros estados.
Ya en Texas abrieron una investigación y por eso los senadores argumentan que la Fiscalía General debe hacer lo mismo. Insisten en que se debe determinar si los gobernadores usaron dinero del presupuesto público para movilizar autobuses e incluso fletar aviones para trasladar a los migrantes. También habría que investigar si la tal “Perla”, que contactó a los recién llegados y les pagó 200 dólares para que reunieran a un grupo dispuesto a viajar en avión hacia otras ciudades, tiene algo que ver con las oficinas de los mandatarios regionales.
Más allá de la investigación legal, todo el cuento es dantesco, por ello algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos aseguran que tiene características de trata de personas. Les mintieron para que accedieran a ser movilizados, les prometieron “papeles y puestos de trabajo” cuando llegaran a su destino y algunos otros beneficios que solo obtienen las personas que tramitaron legalmente un asilo.
En un trabajo de Tal Cual se recogen las declaraciones de Rachel Shelf, una abogada de inmigración de Boston: “Sabían que no había vivienda ni empleo esperando a los migrantes. También eligieron muy intencionalmente no llamar con anticipación a ninguna autoridad de Martha’s Vineyard para que se pudieran hacer incluso los arreglos humanos más básicos. Asegurarse de que no hubiera ayuda esperando a los migrantes en absoluto era el objetivo”. Narrado así, es obvio el trato cruel que pretendieron darle a los indefensos que accedieron a ser trasladados bajo engaño. Solo por eso habría que castigar a los responsables.
No hay excusas ni campañas electorales que justifiquen semejante manejo de personas como si fuera un cargamento de ganado. Y ni siquiera. Lo que quieren es causarle molestias a los representantes del Partido Demócrata, que según ellos no han hecho nada al respecto de la crisis migratoria. Pero este tipo de problemas se resuelven en otras instancias, no abusando de la vulnerabilidad de estas personas.
El sheriff del condado de Bexar, adonde fueron a parar muchos antes de ser trasladados por los gobernadores republicanos, aseguró: “Lo que estamos escuchando es que sienten que les mintieron… eso podría ser un delito aquí en Texas y lo manejaremos como tal”. Por esa razón se abrió la investigación.
No importa si las víctimas de este maltrato son venezolanos, cubanos o haitianos, no hay derecho de ser tratado de esta manera. Son seres humanos que huyen de una realidad atroz y que, si bien es cierto que violan las leyes migratorias, los países de recepción deberían asegurarles un trato justo. Cualquier otra cosa sería simple salvajismo.
Editorial de El Nacional
