Henry Parra es el nuevo presidente del Partido Comunista de Venezuela. No fue elegido en asamblea o congreso alguno, incluso es dudosa su militancia actual en ese partido. Debe su cargo a la sentencia 1.160 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo —se lee «sometido»— de Justicia (TSJ) de fecha 11 de agosto.
El PCV es el más antiguo partido del país, fundado en 1931 en tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Surgió y operó en la clandestinidad, fue ilegalizado tanto en dictadura como en democracia, pero nunca ninguna autoridad decidió en lugar de su militancia quiénes eran sus dirigentes.
Parra reconoce, sin que se le congele la sonrisa, que lo llaman mercenario. «Mercenario barato», replica él, para restarle mérito a la acusación. Con la seriedad que le es posible exhibir dice que tiene una tarea que cumplir junto con la directiva ad hoc que lo acompaña en la aventura: «Primero queremos el respaldo de los militantes del Partido Comunista de Venezuela», resume la tarea que le encomendó el TSJ y se condena a sí mismo al admitir que preside una directiva sin apoyo partidario.
Pero el máximo tribunal supeditado a la estrategia del partido de gobierno lo hizo dueño de las siglas, la tarjeta electoral del histórico partido y de las llaves de su sede o sedes.
El PCV que nunca ha sido un partido mayoritario, pero sí de significación política en etapas de su azarosa vida como la que condujo a la conquista de la democracia en 1958, pasó de ser un aliado de Hugo Chávez a convertirse en enemigo frontal del gobierno de Nicolás Maduro, al que caracteriza de régimen autoritario, antidemocrático y antiobrero, que aplica una política económica neoliberal y está dominado por mafias que se han apoderado de las riquezas del país.
Por eso el ajuste de cuentas que supone el descabezamiento de la dirección liderada por Oscar Figuera, sustituida por la de Parra, quien ya se apresuró en anunciar el reintegro de los «comunistas» al Gran Polo Patriótico, la alianza que respalda a Maduro. Solo puede llamarse ajuste de cuentas porque en la última década el tribunal al servicio del gobierno ha tomado decisiones parecidas contra una docena de partidos políticos.
Así le pasó al movimiento Por la Democracia Social (Podemos) y a Patria para Todos (PPT) en 2012; y tres años después al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), al movimiento Tupamaro y al PPT, otra vez, según un recuento elaborado por Acceso a la Justicia. Todos próximos en algún momento al oficialismo y luego sus adversarios. También actuó contra los partidos opositores Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. La idea de fondo es que haya otros partidos, por aquello de las apariencias democráticas, pero bajo control de hombres y mujeres a las órdenes del Estado.
El TSJ con su reiterado proceder se coloca al margen de la Constitución, cuyo artículo 67 lo obliga a respetar, y hacer respetar, el derecho de todo ciudadano a asociarse con fines políticos en las organizaciones de su elección, las cuales seleccionaron a sus direcciones y candidatos a cargos de representación popular mediante elecciones internas con la participación de sus integrantes.
Editorial de El Nacional
