A más de un mes de las elecciones del 28J ningún país del mundo, con una cierta respetabilidad democrática, reconoce la victoria de Nicolás Maduro. Incluso en el campo de alguna afinidad ideológica -inverosímil a todas luces- ni Brasil, ni Colombia, ni México lo han hecho y, se presume, les será muy cuesta arriba hacerlo.
Desde España, su ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, le asoma a sus socios de la Unión Europea qué hacer ante la evidencia de que Maduro nunca presentará las actas del escrutinio electoral y plantea la duda crucial: cuáles son las herramientas de que disponen para que se respete la voluntad democrática de los venezolanos.
Está claramente establecido entonces que la voluntad democrática de los venezolanos es otra muy distinta a la que anunció el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en las primeras horas del 29 de julio. Porque si consistentemente fuera la este exdiputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, como expresión del desglose de la votación mesa por mesa, procedería entonces el reconocimiento de Maduro y el llamado al mundo opositor de que otra vez será.
¿Procede como parte de las herramientas reconocer que la victoria electoral es de Edmundo González Urrutia? Josep Borrell, también español, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, declaró en Bruselas que “todo parece indicar que el resultado electoral es favorable a Edmundo González y así lo consideraron los ministros, pero no fueron más allá”. Borrell dijo que hay tiempo de aquí hasta enero, que es cuando se produciría el relevo en la presidencia.
Ciertamente, el período en una situación de normalidad constitucional concluye el 10 de enero, pero desde el 29 de julio cuando se declaró ganador a Maduro y a toda prisa se procedió a proclamarlo presidente para ese nuevo período que comienza en enero hay una muy seria acusación de fraude electoral y la evidencia contundente y comprobable está en 83,5% de las actas del escrutinio electoral publicadas por la oposición democrática venezolana. No hay ninguna otra data de la votación publicada.
Maduro, por tanto, ha sido proclamado de manera ilegítima, consolidando el fraude y para sostenerlo ha destacado una feroz, despiadada y perturbadora represión contra sus ciudadanos, la oposición democrática y su liderazgo que como respuesta han librado una lucha paciente y pacífica en el marco de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
La data emanada del escrutinio del 28J publicada por la oposición ha sido verificada por dos medios de extraordinaria presencia mundial como lo son The Washington Post y CNN. El Post es sinónimo de periodismo de investigación riguroso desde, al menos, principios de la década de los setenta del siglo pasado con sus coberturas de los Papeles del Pentágono y el caso Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon y, más recientemente, de toda la era Trump, con su epidemia de mentiras, y particularmente de la campaña y el resultado electoral de 2020 que Trump se negó -y se niega- a reconocer, y lo llevó a estimular el asalto al Congreso de la Unión el ya terrible 6 de enero de 2021.
¿Pudieran los “mediadores” -Brasil, Colombia y el más dubitativo México- proponer una verificación de la data electoral conocida sin que cuente con el aval de Nicolás Maduro? Por ejemplo, a través de la Organización de Estados Americanos. Con el apoyo previsible de la mayoría de todos los gobiernos del área. Como dice María Corina Machado, es también una cuestión de “echarle bolas”.
La OEA, con el aval de los proponentes, pudiera designar un comité encargado de organizar una exhaustiva investigación de las actas publicadas por la oposición -no hay otras, salvo que testigos del PSUV incorporen las que aún tengan en su poder y no hayan sido publicadas- que debería contratar equipos profesionales de reconocida solvencia técnica -no negociantes ni interesados políticos- para examinar a fondo ese 83,5% de las actas (y las que se sumen que cumplan el rigor de los códigos, la identificación y las firmas de quienes participaron en el escrutinio) y entonces producir para los propios fines de los gobiernos de la región una posición definitiva sobre hechos consumados, como los son los votos y su conteo.
Como dice Borrell, de aquí a enero sobra tiempo para acordar este estudio y concluirlo. Se trata de una decisión política, que cuesta dinero, que sería necesario realizar con solvencia científica y técnica, independencia e imparcialidad, y que permitiría adoptar una visión común sobre la base de lo que dicen los votos. Es decir, de respeto a la voluntad democrática de los venezolanos.
Editorial de El Nacional
