La mayor trama de corrupción jamás descubierta en Argentina tiene 14 detenidos, 43 imputados y 12 arrepentidos. Pero poco se sabe hasta ahora de los millones de dólares que circularon entre exaltos funcionarios del kirchnerismo y empresarios con contratos con el Estado. El juez Claudio Bonadio, a cargo de la investigación de “los cuadernos de la corrupción”, por los textos apuntados durante diez años por un chófer del poder, estimó en 200 millones de dólares el dinero negro movido por la red. El Gobierno de Mauricio Macri quiere recuperar al menos una parte y recompensará a quien aporte datos que permitan dar con el efectivo. El premio será de hasta un 5% del dinero recuperado, según la importancia del aporte del testigo, con un máximo de 2 millones de pesos, equivalentes a 66.000 dólares.
Los billetes de la corrupción circularon en bolsos que llegaban a su destino en autos oficiales. Los arrepentidos han hablado de bóvedas secretas en la casa de los Kirchner en la Patagonia y aviones del Gobierno cargados de dinero. Las revelaciones más explosivas llegaron de boca de Claudio Uberti, el único exalto cargo que decidió hablar a cambio de beneficios judiciales. Uberti tenía como función coordinar el presunto cobro de dinero en nombre del ministerio de Planificación, responsable de asignar todo el presupuesto de la obra pública. En su declaración ante el juez, dijo que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto del funcionamiento de la red. Contó incluso que el día que Néstor murió, el 27 de octubre de 2010, en su piso de Buenos Aires “había 60 millones de dólares”.
Bonadio no ha logrado dar con un solo dólar, pese a la declaración de los empresarios que negociaron su libertad temporal a cambio de contar todo lo que saben. El Senado bloqueó ayer un pedido del juez para allanar el piso en Buenos Aires de Fernández de Kirchner, quién está protegida por fueros parlamentarios. Una visita a una excasa de la expresidenta en el sur, donde testigos hablaron de una bóveda repleta de dinero, no encontró prueba alguna.
La recompensa intentará al menos seducir a cualquiera que tenga datos ciertos, siempre que no esté involucrado en la investigación. El decreto lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se basó en una ley de 2010 que regula el pago de recompensas en causas judiciales. La norma no se pensó para este tipo de delitos, pero dejó abierta una puerta en su último párrafo. La recompensa, dice, podrá aplicarse a “todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información».
«Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa caratulada ‘Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita», dice el primer artículo de la resolución. La ministra Bullrich se encargó ella misma de anunciar la oferta en las redes sociales, donde es muy activa.
Hasta ahora, el único rastro concreto de presunto dinero sucio no está en Argentina sino en Estados Unidos. La Unidad de Información Financiera (UIF) en Buenos Aires investiga en Florida y Nueva York una serie de propiedades heredadas por la familia del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, muerto hace dos años. El valor de los bienes encontrados asciende a 65 millones de dólares.
