Pese a que la propuesta de Estado comunal fue repudiada por el pueblo en el referéndum de 2007, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, el martes de la semana pasada, la Ley Orgánica del Poder Popular. Este instrumento es impulsado por el ala marxista del PSUV que busca imponer el Estado comunal. Tenemos de esa manera el cuadro jurídico-socialista para afincar el Estado socialista de estirpe castrista.
Lo que pretende ese menjurje ideológico y sintáctico, llamado revolución bolivariana, es establecer, entre gallos y medianoche el Estado comunal y abandonar el Estado federal descentralizado. Y ello, como lo predicaba Hugo Chávez, para que 70 % de la población viviera en las comunas; y también para instaurar un Estado paralelo para clavarle al pueblo de Venezuela el modelo socialista (o comunista, según la óptica de cada cual).
Aquí vale la pena recordar que el artículo 2 de la Constitución señala que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Los valores democráticos que sustentan este tipo de modelo son, entre otros, “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Por ninguna parte habla nuestra carta magna de que Venezuela sería un Estado comunal. Es, pues, inconstitucional y antirrepublicano el pretender imponer un modelo que rompe con la estructura jurídica de Venezuela, al aniquilar al municipio y sustituirlo por la comuna.
La idea del Estado comunal es un modelo que pretende marchar en paralelo al Estado Nacional y crear uno distinto para satisfacer ideologías trasnochadas. A la par de lo anterior, hay que recordar el “Plan de la Patria”, ese esperpento excluyente que promueve el “socialismo”. Este esquema castrista se hace al amparo de la denominada “democracia socialista” que es un término contradictorio, porque el socialismo marxista solo se ha establecido en dictaduras.
Venezuela está en escombros. Váyase por las vías públicas o por las zonas más pobres del país para ver lo que han significado 23 años de socialismo. Pero es que el resultado ha sido que los pobres viven hoy peor que nunca y sus zonas urbanas están amenazadas por el derrumbe, los escombros y la miseria. La falta de agua, los apagones y la deficiencia de los servicios públicos es lo que marca la vida cotidiana.
Estamos bajo el mandato de un gobierno incompetente porque carece de nociones de administración, de control de ejecución y de eso que en un lenguaje internacional se conoce como el follow up, es decir, el seguimiento. Se comienzan los trabajos y se dejan a mitad de camino. Por eso, nadie tiene derecho a disputarle el título al gobierno venezolano de ser “el padre del fracaso”: un gobierno cuyo jefe lanza órdenes que sus subalternos no acatan, porque el poder se ha dispersado entre las distintas ideologías e intereses que conforman el PSUV.
Y es en medio de ese fracaso que se quiere someter a la población a un error mayúsculo e inconstitucional como lo es el Estado comunal, que es la antítesis del federalismo por el cual luchó Ezequiel Zamora, héroe de la retórica chavista.
Hay una inclinación social de claro descontento que requiere una política, pero que tiene la suerte de una oposición que se ha negado a un examen de conciencia y piensa más en sus intereses que en la unidad y la claridad de objetivos. Es esa falta de compromiso con una política con vocación de victoria la que ha garantizado el éxito de las políticas del régimen socialista. Esto ha inclinado la pendiente que permite que una minoría de 20% de la sociedad pretenda imponer su voluntad a 80%. Solo así se puede entender la amenaza que significa para la república la implantación del Estado comunal.
Esas comunas que pretenden imponerse al pueblo no están dirigidas a albergar a enchufados o miembros de la nomenklatura sino a ingenuas víctimas de la demagogia y del populismo.
Editorial de El Nacional
