En abril, agentes federales fueron a una dirección en La Pequeña Habana donde detuvieron a un hondureño que ya antes había sido deportado varias veces.
En junio, agentes de la misma dependencia federal se presentaron en un restaurante en Cayo Hueso y detuvieron a un empleado mexicano que también había sido deportado con anterioridad. Y en junio, un policía de la Patrulla de Caminos de la Florida (FHP) arrestó a un guatemalteco por una infracción de tránsito y luego la Patrulla Fronteriza determinó que previamente había sido deportado.
En carreteras, embarcaciones, aeropuertos y negocios, un número creciente de extranjeros que han sido previamente deportados están siendo detenidos por autoridades de inmigración luego de haber regresado ilegalmente.
En consecuencia, el número de extranjeros acusados de reingreso ilegal, un delito federal, está aumentando, lo que da lugar a un incremento significativo en el número de casos en los tribunales y el número de presos que cumplen condenas por regresar después de una expulsión anterior, según informes recientemente publicados.
“A nivel nacional, más de la mitad de todos los procesos penales federales iniciados en el año fiscal 2013 fueron por entrada ilegal o por reingreso ilegal a Estados Unidos”, según el informe emitido en junio titulado Almacenados y Olvidados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Mientras, la organización Transactional Records Access Clearing House (TRAC), un servicio de búsqueda de datos de la Universidad de Syracuse, dijo en un informe reciente que el reingreso ilegal fue el cargo más comúnmente impuesto ante los tribunales por las fiscalías federales durante la primera mitad del año fiscal 2011.
“Es el cargo que representó casi la mitad (47 por ciento) de todos los procesos de inmigración penales presentados”, según el informe de TRAC. “Corresponde a algo más de una cuarta parte (el 23 por ciento) de las acciones penales en general, superando al cargo por entrada ilegal presentado ante las cortes por los fiscales”.
En la corte federal de Miami, los casos de reingreso aparecen en los expedientes varias veces por semana.
Entre los más recientes están los casos del hondureño arrestado en la Pequeña Habana, el mexicano detenido en el restaurante de Cayo Hueso y el conductor arrestado por FHP en el Turnpike.
LOS CASOS
A principios del año, la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) recibió un reporte de que un hondureño que había sido deportado varias veces anteriormente estaba de vuelta en la casa de su novia en La Pequeña Habana.
Miguel Posas Reyes fue arrestado el 21 de mayo al tratar de huir del apartamento donde estaba. En lugar de sólo deportarlo de nuevo, esta vez las autoridades federales decidieron acusar a Posas-Reyes penalmente con el cargo de reingreso ilegal.
Posas-Reyes se ha declarado culpable y está en espera de ser condenado en agosto por la Jueza de Distrito Cecilia Altonaga. Enfrenta un máximo de 10 años en la penitenciaría federal, según la acusación presentada en la corte federal de Miami.
El caso en Cayo Hueso implica a Guillermo Montiel Pérez, de México, que también fue descubierto luego que alguien avisara a las autoridades migratorias sobre su presencia.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE, lo arrestaron.
“Los agentes especiales de HSI recibieron información de que Guillermo Pérez Montiel había vuelto a entrar a Estados Unidos después de haber sido deportado y estaba empleado en un restaurante de Cayo Hueso”, según dice una denuncia penal presentada en la corte federal.
Montiel Pérez fue arrestado el 5 de junio. A pesar de que inicialmente se declaró inocente, Montiel Pérez cambió su declaración a culpable el 30 de junio y fue condenado a tiempo cumplido y un año de libertad supervisada.
Será deportado a México de nuevo.
En el caso del Turnpie, Rogelio Alcon Juárez fue detenido en el Condado Palm Beach cuando un policía de FHP notó que había cometido una infracción de tránsito. Cuando Alcon Juárez no pudo mostrar una identificación con su verdadero nombre, el policía llamó a la Patrulla Fronteriza y un agente de esta descubrió que el guatemalteco había sido deportado el 2 de febrero del 2011.
Alcon-Juárez se declaró inocente el 27 de junio y el juicio ha sido programado para principios de agosto. Si es encontrado culpable podría enfrentar hasta dos años de prisión.
Las penas por reingreso después de deportación varían dependiendo de las razones por las que los acusados fueron expulsados inicialmente.
La pena mínima es de dos años, pero puede elevarse a 10 si la persona fue deportada debido a varios delitos menores o a 20 si fue por delitos graves.
Ninguno de los documentos disponibles en la corte explican por qué estos inmigrantes deportados decidieron regresar. Pero el informe emitido en junio por la ACLU dice que la razón principal por la que los inmigrantes deportados regresan es porque tienen raíces en este país.
Como prueba, el informe cita una reciente encuesta de la Universidad de Arizona entre 1,000 inmigrantes que habían sido deportados a México.
“El estudio encontró que más de la mitad tenían familiares que eran ciudadanos estadounidenses y que el 42 por ciento tenían la intención de hacer de Estados Unidos su hogar permanente”, dice el informe de ACLU.
Del mismo modo, un informe reciente del grupo Human Rights Watch concluyó que muchos de los inmigrantes procesados por entrada ilegal o reentrada ilegal tienen familiares cercanos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes”.
El Nuevo Herald
