Más de un centenar de niños, niñas y adolescentes migrantes de origen venezolano han sido reclutados por grupos armados en Colombia, en medio del conflicto armado que persiste en varias regiones del país.
Así lo revelaron las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, al presentar los hallazgos de su investigación “Niñez migrante en medio del conflicto armado en Colombia: entre el reclutamiento y el desplazamiento forzado”.
El trabajo, realizado con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (Ceper) de la Universidad de los Andes, y que forma parte del proyecto independiente Laboratorio migrante, documentó al menos 135 casos de menores reclutados, de los cuales el 90 % son niños de origen venezolano o con doble nacionalidad colombo-venezolana.
Jiménez explicó que tomaron como punto de partida los 10 años del éxodo venezolano, con Colombia como principal país receptor de la diáspora, ya que concentra cerca del 36,5 % de los migrantes venezolanos en el mundo. Por su parte, Hernández señaló que el trabajo nació de la invisibilización de la niñez y adolescencia migrante venezolana en Colombia, especialmente en el marco del conflicto armado.
Víctimas de múltiples violencias
Según los hallazgos, las fuerzas militares y la policía rescataron a algunos de los menores en operativos, mientras que otros escaparon por sus propios medios.
Sin embargo, los grupos armados y las hostilidades expusieron a muchos de ellos a múltiples violaciones de derechos, incluidas amenazas de muerte, desplazamientos forzados, asesinatos de familiares, desapariciones, mutilaciones y muertes durante enfrentamientos con grupos armados ilegales o fuerzas estatales.
A su vez, de violencia sexual, incluidos casos de inducción al aborto, hechos que las autoras califican como crímenes de guerra y graves violaciones al derecho internacional humanitario.
Más de 40 estructuras criminales acechan a familias desplazadas
Durante dos meses de trabajo de campo, las periodistas evidenciaron que la mayoría de las familias afectadas son hogares encabezados por mujeres —madres, tías, abuelas e incluso bisabuelas— que asumen solas el cuidado de los menores.
Una vez desplazadas hacia zonas urbanas marginales, estas familias quedan expuestas a la acción de las más de 40 estructuras criminales que operan en estos territorios, particularmente en áreas fronterizas como Cúcuta.
Las zonas rurales, comunidades indígenas y territorios con mayor abandono estatal concentran los mayores riesgos.
Hernández citó cifras del Observatorio de Derechos Humanos del pueblo Barí, según las cuales desde 2016 han sido reclutados al menos 246 niños y adolescentes de esta etnia, de los cuales el 70 % serían de origen venezolano.
Doble y triple victimización
Las periodistas alertaron sobre una doble y hasta triple victimización de estos menores. Jiménez detalló que los niños que no poseen la nacionalidad colombiana no pueden acceder a la justicia restaurativa ni ser reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado, lo que les impide ser registrados ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Sostuvo que la migración forzada primero los afecta, luego los golpea el conflicto armado y, finalmente, los excluye de los mecanismos de reparación.
Además, se evidenció que la niñez migrante venezolana no está debidamente caracterizada en las estadísticas oficiales, incluso en instituciones como la Defensoría del Pueblo.
Niños rescatados quedan bajo tutela del Estado colombiano
Sobre la respuesta institucional, Jiménez precisó que cuando rescatan a los menores, se activa un proceso administrativo de restitución de derechos. Si no localizan a su familia, el Estado los envía a hogares sustitutos y los coloca bajo su tutela.
En el caso de niños venezolanos, se les debe garantizar salud, vivienda, educación y acompañamiento psicosocial, además de iniciar gestiones binacionales para ubicar a sus familiares.
No obstante, Hernández advirtió que los programas de protección y reincorporación, como los de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), solo aplican plenamente a quienes tienen doble nacionalidad, dejando en mayor vulnerabilidad a los niños exclusivamente venezolanos cuando alcanzan la mayoría de edad.
La mayoría de los menores reclutados o amenazados no asiste a la escuela, son analfabetas funcionales a los 13 o 14 años.
Reclutamiento desde escuelas y redes sociales
Jiménez alertó que en ciudades fronterizas como Cúcuta, estas estructuras ingresan incluso a las escuelas, espacios que deberían ser seguros, para adoctrinar y reclutar niños desde los 11 o 12 años.
Asimismo, utilizan redes sociales como TikTok y Facebook para atraer adolescentes con falsas promesas de trabajo, dinero fácil y actividades de bajo esfuerzo, empujándolos a cruzar solos la frontera.
Las autoras coincidieron en que el Estado colombiano no tiene suficiente capacidad frente al poder de absorción de los grupos armados.
