La población del departamento del Chocó se ve afectada porque no puede acceder a servicios de salud y tampoco al normal transporte de víveres y alimentos
El «paro armado» que la guerrilla del ELN mantiene desde el jueves pasado tiene confinadas a 9.800 personas de cuatro municipios del departamento colombiano del Chocó (oeste), denunció este viernes la Defensoría del Pueblo que urgió atención para esa población.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado, explicó que tras el anuncio de «paro armado» por parte del frente occidental «Omar Gómez» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) » al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, que se comunican por el río San Juan y afluentes, se encuentran en confinamiento de manera indefinida».
La población se ve afectada porque no puede acceder a servicios de salud y tampoco al normal transporte de víveres y alimentos.
En un «paro armado» la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como cometer agresiones y proferir amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas.
Incursión armada
Camargo recordó que el pasado lunes 12 de diciembre hubo una incursión de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la comunidad afro de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona.
Como consecuencia de esta violencia los habitantes de Negría se desplazaron (141 personas) al caserío de San Miguel en el municipio de Medio San Juan y a la cabecera municipal de Istmina.
Además del confinamiento de la población, se presenta restricción a la movilidad, al comercio y al transporte de pasajeros y de mercancías desde y hacia el municipio del Litoral del San Juan donde se ven afectadas 64 comunidades, incluyendo Docordó que es la cabecera municipal.
La movilidad se hace a través de la única vía que es el río San Juan que conecta a este municipio con Buenaventura, ciudad del vecino departamento del Valle del Cauca, a través del corregimiento de Bajo Calima.
Desde la Defensoría del Pueblo, insistimos en la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la grave situación humanitaria que se registra en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle del Cauca). Es urgente, la protección efectiva y la asistencia humanitaria inmediata para la población afectada», recalcó Camargo.
El miércoles pasado varias Comunidades del Chocó alertaron sobre el «grave riesgo» que enfrentan por la incursión de grupos ilegales y enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, así como por un «paro armado», a pesar del anuncio de «alivios humanitarios» en esa zona hecho por esa guerrilla y el Gobierno colombiano en Caracas.
Todo esto sucede pese a que uno de los primeros acuerdos alcanzados en Caracas tras la reanudación de los diálogos entre el Gobierno y el ELN fue «un sistema de alivios humanitarios para garantizar el retorno de población desplazada y poner fin a situaciones de confinamiento» en el Medio Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó) a partir de enero.
VF
