Más del diez por ciento de los casos de extorsión y secuestro registrados en Venezuela involucran a miembros de la policía o el ejército, lo que demuestra cómo el país sigue debatiéndose en la lucha contra la criminalidad en sus organismos de seguridad.
En los casi 5.200 casos de extorsión y secuestro investigados durante los dos años que lleva Tarek William Saab en el cargo de Fiscal General, hay 559 agentes de seguridad investigados y 339 imputados, según señaló Saab en una rueda de prensa ofrecida el 23 de octubre.
Saab indicó que 372 agentes fueron detenidos, e hizo énfasis en que no tuvieron trato preferencial. Aprovechó la alocución para pedir a los ciudadanos que denunciaran esos delitos.
Las cifras no han cambiado mucho respecto a las mostradas en una presentación de diciembre de 2018, en la que anunció que en sus primeros 15 meses al frente de esa cartera se había imputado a 463 agentes de policía por extorsión o secuestro, es decir, 16,8 por ciento del total de 2.749 casos.
Recientemente Venezuela ha tomado varias medidas contra delitos como el secuestro. Durante 2018, se realizaron casi 200 foros públicos sobre el tema. En agosto de 2019, se anunció el despliegue de 600 agentes adicionales para enfrentar el problema.
El viceministro de investigación penal Humberto Ramírez afirmó que dichas medidas habían permitido reducir en 40 por ciento los secuestros desde 2018. Sin embargo, este descenso podría estar asociado a la disminución de potenciales víctimas con recursos debido a la crisis económica y a la masiva migración forzada en Venezuela.
A pesar de los publicitados esfuerzos de Venezuela por hacerle frente al secuestro y la extorsión, los reportes de progreso quedan minimizados ante los altos números de agentes públicos implicados en dichos delitos.
Por otra parte, monitores independientes indican que el secuestro en Venezuela se ha incrementado en 1.300 por ciento en casi dos décadas, desde el ascenso al poder del difunto presidente Hugo Chávez. Durante la presidencia de Chávez, agentes de seguridad corruptos comenzaron a operar bandas de secuestradores, usando inteligencia de la policía para identificar, extorsionar y secuestrar a acusados de delitos comunes y políticos.
Tras el colapso económico de Venezuela, varios funcionarios públicos se dejaron seducir para aliarse con bandas criminales en la comisión de secuestros. Es común que las bandas cometan el secuestro y los policías negocien los rescates.
Por su parte, las víctimas suelen no denunciar esos delitos, por temor a policías o funcionarios de seguridad corruptos. Expertos consultados por ABC señalan que las víctimas muchas veces dejan el país antes que acudir a las autoridades.
El secuestro y la extorsión no son los únicos delitos exacerbados por la participación de funcionarios públicos. Un estudio realizado en 2018 por el Observatorio del Crimen Organizado de Venezuela indicaba que el 14 por ciento de los delitos en Venezuela implicaban a funcionarios públicos, en especial a miembros de la policía y la fuerza armada.
El narcotráfico, en particular, se ve facilitado por la corrupción estatal. En 2018, InSight Crime identificó a 123 altos funcionarios sospechosos de tener nexos con el narcotráfico. Esa impunidad parece extenderse a los funcionarios de menor nivel.
En 2018, Saab informó que 105 funcionarios de seguridad eran objeto de investigación por narcotráfico, de los cuales solo 12 habían sido condenados. Su alocución de 2019 no incluyó cifras sobre este delito.
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