Por cacerolear al presidente Nicolás Maduro detuvieron a cuatro personas el sábado en La Grita, estado Táchira, a pesar de que en Venezuela sólo se puede privar de libertad a una persona sin orden judicial cuando es hallada cometiendo un delito. Una de ellas continúa presa.
“Cacerolear, e incluso abuchear a un personaje publico, así se trate de un funcionario público, no constituye delito en ninguna parte del mundo a menos que medien ofensas o agresiones contra la persona a la cual se cacerolea”, señaló el abogado Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal Venezolano, quien agregó que lo ocurrido es un caso típico de abuso de los derechos humanos.
“El Gobierno no tolera la disidencia ni la crítica. La autoridad se siente débil y se sirve del abuso para hacer valer sus posturas”, afirmó.
Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, dijo que la debilidad del Gobierno es tan grande que busca intimidar a las personas y controlar el descontento popular con represión, y añadió que se equivocan si creen que van a callar a los venezolanos. Confirmó que los tres jóvenes que estuvieron detenidos –Carlos Parra Ramírez de 19 años de edad, Karla Parra Ramírez, de 25 años de edad, y Leonardo Sánchez Cadena, de 24 años de edad– son dirigentes juveniles del partido que él encabeza.
Vocación represiva. Para Marino Alvarado, director de Provea, la detención de quienes caceroleaban al jefe del Estado no es un hecho aislado. “Hay diversos actos que han ocurrido en el país y que van integrando la vocación represiva del Gobierno”, dijo.
El defensor de derechos humanos recordó que durante el mandato de Maduro no sólo estas cuatro personas han sido detenidas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica.
“Entre los jóvenes que detuvieron en Lara con ocasión de las protestas postelectorales se encuentran muchos que simplemente estaban caceroleando y pese a ello se los llevaron presos, les abrieron procesos penales y quedaron sometidos a régimen de presentación”, señaló.
Alvarado también se refirió al caso de Yendrick Sánchez, el espontáneo que interrumpió la intervención de Maduro en la Asamblea Nacional en el acto de juramentación del mandatario. “Sin cometer ningún delito los mandan para una cárcel común”, dijo.
A Sánchez lo enviaron a la Comunidad Penitenciaria de Coro, Falcón, y le imputaron los delitos de ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación. El director de Provea advirtió que es grave que desde el Ejecutivo se estén cerrando las puertas a las formas pacíficas de manifestación.
“El propio Gobierno está conduciendo a la gente a implementar otros mecanismos de protesta que lamentablemente pueden ser violentos”, advirtió.
Ilegalidad
Las detenciones efectuadas por protestar pacíficamente contra el presidente Nicolás Maduro fueron ilegales por tres razones, explicó el abogado Gonzalo Himiob:
– Cacerolear no constituye delito.
– Casa Militar no tiene atribución para detener a personas, como en efecto lo hizo.
– La orden de aprehender a un individuo tiene que ser dada por el Poder Judicial, no por el Ejecutivo.
LaCifra
201 personas han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela desde que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. La cifra se obtiene al sumar las cuatro aprehensiones ocurridas el sábado en el Táchira más las 197 detenciones por razones políticas que se efectuaron entre el 15 de abril y el 6 de mayo, según reportes del Foro Penal Venezolano.
Fuente: EN
