Decenas de miles salieron a las calles en Tel Aviv, incluyendo grandes concentraciones en las ciudades de Haifa y Kfar Saba.
Más de 200.000 personas se manifestaron hoy en distintos puntos de Israel contra la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo del primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, días después de que la Knéset (parlamento) aprobó una ley clave que limita el poder del Tribunal Supremo, lo que ha desencadenado una ola de protestas multitudinarias.
Estimaciones citadas por medios locales indicaron que más de 170.000 personas se concentraron en la ciudad de Tel Aviv, epicentro de las protestas desde hace unos siete meses.
Además, decenas de miles salieron a las calles de otras ciudades del país, incluyendo grandes concentraciones en las ciudades de Haifa, en el norte, y Kfar Saba, en el centro.
Las protestas de hoy marcan el trigésimo sábado consecutivo de manifestaciones y tienen lugar poco después de una importante votación en el Parlamento, que el pasado día 24 aprobó una ley que anula la doctrina de razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales de acuerdo a si estas eran razonables o no.
La aprobación de esta ley marcó el primer gran logro del gobierno de Netanyahu en el marco de una reforma que busca otorgar mayor poder al Ejecutivo en detrimento del poder Judicial, cuya independencia se vería profundamente socavada.
“Estamos finalizando una semana impactante donde finalmente se han quitado todas las máscaras”, dijo hoy durante las manifestaciones en Tel Aviv una de las líderes de las protestas, Shikma Bressler, que acusó a la coalición de gobierno, la más derechista de la historia del país, de someterse a la voluntad de los partidos extremistas que la integran.
Bressler cuestionó declaraciones realizadas en los últimos días por miembros del Ejecutivo, incluido Netanyahu, que instaban al diálogo y a negociar con la oposición los proyectos de la reforma que aún quedan por aprobar, y manifestó que “no se puede hablar de unidad segundos después de pasar por encima de la mayoría de la gente”, en alusión a la decisión del Gobierno de votar la ley aprobada el día 24 a pesar de las masivas protestas en su contra.
Inmediatamente después de la votación, distintas organizaciones apelaron ante el Supremo, que convocó una audiencia para el mes de septiembre para analizar la polémica ley.
Una de las organizaciones que apelaron ante el Tribunal es el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, que argumentó que se trata de “una ley inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen”.
El grupo denunció también que, en la práctica, la ley “deroga el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel” y “da poder ilimitado al poder Ejecutivo”.
EFE
