La reciente resolución para desconocer la elección primaria en Venezuela por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es un acto que podría ser interpretado no solo como una afrenta a la democracia, sino también como una flagrante violación de los compromisos adquiridos por el régimen de Nicolás Maduro.
La respuesta del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, es un claro recordatorio de que los acuerdos internacionales están hechos para ser respetados y no para ser vulnerados a conveniencia de las partes.
Blinken ha sido categórico al subrayar que Maduro no posee «carta blanca» para socavar el acuerdo alcanzado con las fuerzas democráticas. Si el régimen de Maduro ha violado el acuerdo, Estados Unidos está preparado para reimponer las sanciones que ha suspendido como parte de un esfuerzo diplomático para facilitar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela.
Esta es una posición que merece el apoyo de la comunidad internacional, que debe permanecer vigilante y firme.
La suspensión temporal de algunas sanciones por parte de Estados Unidos fue el producto de una negociación, que repartió beneficios para Estados Unidos, y para el régimen y la oposición venezolana.
Lo acordado en Barbados no debe ser interpretado como un cheque en blanco. Por el contrario, es el establecimiento de una serie de condiciones que se hacen de alguna manera obligantes para las partes.
En esa dirección, el reconocimiento de Francisco “Paco” Palmieri, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela y encargado de negocios en Colombia, de María Corina Machado como la candidata unitaria a la presidencia de Venezuela en 2024 es más que un simbolismo diplomático.
Es un respaldo a la voluntad de más de 2.500.000 venezolanos que han visto en Machado una figura de cambio y esperanza. Además, es un mensaje para el gobierno venezolano de que los procesos democráticos y las decisiones del pueblo deben ser respetados.
Maduro deberá comprender que tomar represalias contra la oposición luego de la primaria contraviene los acuerdos alcanzados y puede tener consecuencias drásticas para el régimen, como lo analizó nuestro columnista Antonio de la Cruz en su más reciente artículo.
«Quedará nuevamente aislado con todo lo que eso implica. Carecerá de las divisas necesarias para recuperar la aprobación de su gestión y seguirán disminuyendo los partidarios del chavismo que aún lo siguen. El resultado sería sumamente perjudicial para su capital político, pudiendo llegar a niveles de 5% o 6% en abril de 2024 si se mantiene la caída de 1% al mes que ha registrado desde enero de 2023», dijo De la Cruz.
Definitivamente, una traición a lo pactado derivaría en el deterioro la situación política, y en un impedimento para alcanzar una solución a la crisis nacional. Ante esa eventualidad, la oposición venezolana, Estados Unidos, la comunidad internacional y los organismos multilaterales deberían unir esfuerzos y articular una reacción contundente.
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Editorial de El Nacional
