Marta Valiñas ha liderado la misión de Naciones Unidas que investiga al gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones de DDHH que, según su equipo se han intensificado durante los últimos meses en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Hasta el momento, el equipo de Valiñas ha documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
Sin embargo, voceros del gobierno de Maduro han rechazado los informes de la misión, señalando que están “plagados de falsedades” o han sido “vulgares” y “panfletarios”. Además, han descalificado a la misión al describirla como una instancia “controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Valiñas explicó a la BBC, los hallazgos que la misión hizo públicos en su último informe sobre la persecución política en Venezuela después de las elecciones. Esta entrevista fue editada para su publicación.
En su último informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación.
Usted ha señalado que Venezuela atraviesa una de las crisis más agudas de su historia reciente en el área de derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones ha documentado la misión después de las elecciones?
En el período postelectoral se intensificó la represión estatal de voces críticas o de personas percibidas como opuestas al gobierno.
Por un lado, está el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias que ocurrieron después de las elecciones. Y por el otro, la forma en la que fueron realizadas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad del Estado fueron a las viviendas, muchas veces sin una orden, y detuvieron a las personas solamente por algún video o alguna declaración que habían encontrado en redes sociales.
El problema es que esta masividad y este carácter indiscriminado estuvieron acompañados dee varias violaciones graves al debido proceso, que se dieron de forma repetida y sistemática, y dejaron a las personas totalmente vulnerables.
No es solo el hecho de que no tenían orden de detención o no estaban informando sobre las razones de las capturas, sino que no les permitían el acceso a su familia ni a abogados de su elección, ni siquiera a organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica.
¿Qué tipo de prácticas represivas se están aplicando ahora que los investigadores de la misión no hayan documentado en años anteriores?
En primer lugar, están las audiencias colectivas donde se imputan cargos como terrorismo o incitación al odio sin una individualización de la conducta de cada una de estas personas. Esto no lo vimos en las protestas de 2014, 2017 o 2019. Algunas de las audiencias fueron realizadas con los niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos, sin presencia de sus padres ni asistencia legal.
Hemos podido investigar algunos casos individuales, pero solo una pequeña muestra de este universo enorme de casos. Por ejemplo, en nuestro informe damos cuenta de 2 niñas que fueron detenidas porque estaban pasando cerca de una protesta y las insultaron, las golpearon y las detuvieron junto con hombres adultos. Una fue liberada, pero la otra permaneció detenida y fue víctima de manoseos estando embarazada. Eso es violencia sexual y es una violación de sus derechos reproductivos. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto.
Por otra parte, las detenciones selectivas de personas con un perfil público conocido se volvieron más masivas, como los casos de Freddy Superlano, María Oropeza o William Dávila. Esto lo habíamos visto en casos como el de Rocío San Miguel y otras personas que fueron detenidas con sus familiares. El tema es que todo esto ocurrió en un período muy corto. Por eso decimos que no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Ya las autoridades no están preocupadas en dar una apariencia de legalidad.
