La diputada Marianela Fernández Condenó el asesinato de Daniela Geraldine Figueredo Salazar, quien recibió un impacto de bala en la cara, por un funcionario de PoliZamora, por lo que propuso designar una comisión parlamentaria para iniciar las investigaciones sobre el caso y presentar un informe ante la comisionada de los derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet.
Manifestó que el caso de Geraldine Figueredo, se suma a la lista de mujeres en condición de privadas de libertad en los distintos centros de reclusión del país, y son sometidas a vejámenes, violaciones y violencia por parte de sus custodios.
“El abominable ejemplo de estos casos es lo ocurrido el pasado13 de marzo, cuando un funcionario de Poli Zamora en Guatire estado Miranda, ingresó a la celda donde había varias mujeres e intentó forzar a Daniela Geraldine Figueredo de 19 años de edad, a mantener relaciones sexuales con él y al apuntarla con el arma de reglamento un tiro le cegó la vida”, relató la parlamentaria zuliana.
Dijo que lo más condenable de este lamentable episodio es que situaciones como estas se han convertido en la práctica habitual de muchos funcionarios policiales, que valiéndose de su condición de autoridad y tener un arma, hostigan y obligan a las reclusas a favorecerlos sexualmente de lo contrario son maltratadas.
“Como podremos llamar a esto estrategia de sobrevivencia, abuso de poder. Lo cierto es que el Estado Venezolano está en la obligación de garantizar la seguridad de la población reclusa. Estos hechos se suceden a diario con el conocimiento y la complicidad de las autoridades de esos centros de reclusión. No hay en este país quien vele por los derechos de la población reclusa y menos si son mujeres”.
Reveló que en el caso de las mujeres se profundiza esta situación de ser amenazadas por una mafia de acosadores sexuales, que deshonran el uniforme del funcionario policial, en los recintos carcelarios.
“Estos pervertidos les ofrecen comida y seguridad si los favorecen sexualmente. Esto sucede ante la mirada complaciente de este régimen criminal de Nicolás Maduro, que ve y se hace oídos sordos ante el maltrato, índices de violaciones y de asesinatos de mujeres recluidas en los distintos centros penitenciarios del país”.
Planteó que ante esta realidad en que las mujeres reclusas no tienen acceso a la justicia, la Asamblea nacional legítima debe abrir una investigación exhaustiva sobre el caso de Geraldine Figueredo y presentar el resultado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, para que sean agregados a los recientes informes sobre las violaciones a los derechos Humanos en Venezuela.
“Ojalá que podamos sentar un precedente que frene estos abusos, delitos y desmanes en contra de las mujeres venezolanas en prisión”.
