El mandatario venezolano logró evitar el referéndum revocatorio, pero esa victoria política contrasta con lo ocurrido en materia económica
En 2016 Nicolás Maduro salvó un match point, al menos en el terreno político, al conseguir que no se realizara el temido referéndum revocatorio que hubiese puesto en duda su continuidad en el puesto heredado de Hugo Chávez.
Pero esa aparente victoria dista de los resultados de su Gobierno en materia económica, donde el paso del tiempo no le ha resultado tan beneficioso.
La crisis que aqueja a los venezolanos desde hace tres años se ha agudizado y no hay señales alentadoras, salvo la de un repunte en los precios del petróleo.
La semana pasada el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, compareció ante los medios de comunicación para presentar el “nuevo cono monetario”, esto es, billetes de mayor denominación que entrarán progresivamente a la economía a partir del 15 de diciembre. Con los billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares las autoridades esperan simplificar la vida de los venezolanos, obligados desde hace meses a cargar fajos de billetes de 100 bolívares –el de más alta denominación desde 2008 y que por decreto obligan a entregar a los bancos en menos de 72 horas- para pagar compras cotidianas, como señal inequívoca de la voraz inflación y su consecuente erosión del poder adquisitivo.
“La ampliación del cono monetario facilita las transacciones comerciales y será más fácil el traslado de dinero”, se limitó a explicar Merentes. El funcionario se explayó en la descripción de los billetes, pero obvió referirse a temas que agobian a la población como la distorsión cambiaria y la consecuente devaluación del bolívar registrada en las últimas semanas en el mercado paralelo o el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas o productos para el cuidado personal.
La inflación se come todo
Tampoco reveló las cifras de la inflación. Datos extraoficiales indican que entre noviembre de 2015 y noviembre de este año los precios se han disparado 784,5% en una economía que oficialmente tiene una inflación de tres dígitos desde 2015, cuando el BCV reportó que los precios se elevaron 180,9%. No hay indicios para pensar que ese ritmo vaya a aminorarse. Por el contrario, estimaciones de organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que el próximo año Venezuela tendrá una inflación de cuatro dígitos y que sobrepasará de 2.000%.
Esa aceleración en los precios está relacionada con la propia política monetaria del BCV. El financiamiento de ese organismo a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se disparó alrededor de 250% entre junio y noviembre hasta llegar a la cifra de 3,6 billones de bolívares. Se trata de un auxilio masivo por parte del ente emisor a la petrolera para que esta, asfixiada por la caída del precio del petróleo y un tipo de cambio sobrevaluado de 10 bolívares por dólar, cubra sus compromisos con proveedores, empleados y el financiamiento de las “misiones sociales” del Gobierno. En la práctica, cuando ese dinero entra en el sistema financiero y a la economía, estimula la demanda de bienes en un contexto en que la oferta está derrumbada y termina empujando los precios.
“Eso no es otra cosa que la creación masiva de dinero sin respaldo por parte del BCV, institución que se adentra así en la más perversa y dañina práctica de política monetaria que se aplicó en otras economías latinoamericanas en décadas pasadas, y que tantos estragos inflacionarios causó”, explicó recientemente en un artículo de opinión, publicado en el diario El Nacional, el economista y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Pedro Palma.
Descontrol cambiario
La expansión monetaria junto a la restricción de la entrega de dólares para las empresas en los mecanismos oficiales –en Venezuela rige un control de cambio desde 2003- se ha transformado también en combustible para la devaluación del bolívar en el mercado paralelo. Tras una aparente estabilidad en el primer tramo del año, en las últimas semanas el dólar en ese mercado pasó de los 1.000 bolívares a más de 4.000 bolívares, agravando aún más la brecha con los dos tipos de cambio oficiales fijados en 10 y 670 bolívares por dólar.
Estimaciones de la consultora Ecoanalítica indican que si persiste la política cambiaria y monetaria del Gobierno, la cotización del dólar en el mercado “negro” oscilará entre 6.500 y 9.000 bolívares por dólar en 2017. Las consecuencias las sufren los venezolanos a diario en forma de precios que se incrementan rápidamente, ya que ha crecido el porcentaje de importaciones de productos y materia prima que se realiza a esa tasa ante la sequía de los mecanismos oficiales.
El propio Gobierno permitió desde mediados de año que gobernadores de estados fronterizos como Zulia, Táchira y Bolívar –todos regidos por autoridades del Psuv- permitieran la entrada de productos básicos desde Colombia y Brasil con precios muy por encima de los que impone el Ejecutivo nacional a los fabricantes venezolanos, como una fórmula rápida de paliar la escasez y en lo que algunos economistas interpretaron como una suspensión de “facto” del control de precios.
Al cierre del tercer trimestre de 2016 el mercado paralelo financió 28,1% de las importaciones privadas, unos seis puntos porcentuales más que en 2015, cuando por esa vía se financió el 22,5% de las importaciones de Venezuela, según Ecoanalítica. Otro indicador que maneja la consultora y da cuenta del impacto del mercado paralelo en la vida de los venezolanos es que el tipo de cambio “ponderado” en noviembre rondaba los 1.000 bolívares por dólar, cien veces más que el tipo de cambio preferencial fijado por el Gobierno en 10 bolívares. En categorías como equipamiento del hogar, vestido y calzado, y bebidas alcohólicas, ese tipo de cambio promedio para el consumidor oscila entre 1.829 bolívares por dólar y a 2.128 bolívares por dólar, siguiendo con las cifras de Ecoanalítica.
“Este alza del paralelo va a salir muy caro en términos de precios”, advirtió recientemente el economista y director de la firma, Asdrúbal Oliveros, a propósito de las perspectivas para 2017. “Prepárense para un primer trimestre muy duro en término de provisiones (abastecimiento)”, alertó Oliveros.
La Gran Depresión
Los empresarios coinciden en los pronósticos. La economía venezolana cerrará 2016 con una contracción por tercer año consecutivo del Producto Interno Bruto (PIB). En términos acumulados supone un desplome de 28,7% en esos tres años, un declive mayor al 27% vivido en la economía de los Estados Unidos durante la “Gran Depresión” entre 1929 y 1932, de acuerdo con la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Los industriales tampoco ven señales de recuperación. Un sondeo de Conindustria reveló que en el tercer trimestre de este año el 17% de los industriales reportó que no tenía materia prima para producir, mientras que otro 41% manifestó que apenas poseía materia prima para producir durante un mes, lo que anticipa mayores restricciones en la oferta de productos para los próximos meses. “El responsable es única y exclusivamente el Ejecutivo nacional (…) La guerra económica sólo existe en la cabeza de algunos”, afirmó la semana pasada Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, a propósito de la excusa que recurrentemente usa el Gobierno para culpar a los empresarios y explicar la crisis.
Líneas de producción en fábricas de alimentos, medicinas, repuestos, entre otros sectores, se han paralizado indefinidamente por la imposibilidad que tienen las empresas para obtener dólares e importar la materia prima, así como para saldar las deudas con los proveedores en el exterior. Con la caída de los ingresos petroleros el Gobierno se concentró en pagar la elevada deuda externa contraída por la República y la estatal Pdvsa en tiempos de Hugo Chávez, pero a costa de un fuerte recorte de importaciones para el sector privado. “Hemos pagado 60 mil millones de dólares en 20 meses (…) Este año hemos pagado 17 mil millones de dólares”, se queja insistentemente Nicolás Maduro.
Las cifras extraoficiales del Centro Nacional del Comercio Exterior (Cencoex) revelan que entre enero y noviembre ese organismo apenas liquidó al sector privado poco más de 807 millones de dólares, una cifra muy baja para los requerimientos de las empresas. Sólo las empresas agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) requieren entre 1.600 y 2 mil millones de dólares para pagar la deuda con sus proveedores y retomar las importaciones de materia prima e insumos. Los cálculos de Ecoanalítica indican que con un precio promedio del petróleo de 40 dólares por barril, en 2017 el déficit en el flujo de caja del Gobierno llegaría a 11 mil millones de dólares, lo que agravaría la situación del sector privado y del golpeado aparato productivo.
En áreas como la industria automotriz la paralización es casi total. “La industria está en una situación real de colapso y necesitamos medidas urgentes para salvarla”, expresó la semana pasada José Luis Hernández, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa). Este año las siete ensambladoras privadas instaladas en el país, con capacidad para armar 200 mil carros anuales, apenas llegarán a las 3 mil unidades y la estimación de Favenpa para el próximo año es que apenas se producirán 2 mil vehículos. “Las compañías no saben cómo ni cuándo van a empezar”, dijo Hernández a propósito de las perspectivas para 2017.
La falta de divisas también ha provocado una reducción en la oferta de medicamentos en el mercado. Este año se comercializarán entre 250 millones y 300 millones de dólares, menos de la mitad de las 700 millones de unidades que se vendieron en 2014, de acuerdo a los números que manejan las cámaras empresariales del sector farmacéutico.
Sin producción en el campo
En el campo venezolano también sufren las consecuencias de las políticas económicas. Factores como la escasez de insumos y el control de precios atentan contra el rendimiento de los productores. La cosecha de maíz blanco, producto usado por la agroindustria para la producción de la harina para las arepas, es la peor en los últimos 55 años, mientras que la de caña de azúcar es la más baja desde la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Tanto los productores agrícolas como la agroindustria han solicitado al Ejecutivo nacional la revisión de la política de control de precios, pero las autoridades se resisten a ajustar los precios de esos productos. “Esta política de precios nos está matando (…) La producción de todos los rubros con precios controlados ha caído”, sostiene Antonio Pestana, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).
Sin embargo, el Gobierno insiste en responsabilizar a los empresarios de la crisis. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha ordenado a los comercios de ropa, calzado y juguetes a rebajar entre 30% y 50% los precios de la mercancía, acusándolos de especulación y acaparamiento. Maduro, entre tanto, asegura que la solución a la crisis llegará el próximo año. “El 2017, así lo decreto, será el primer año del arranque de los motores del nuevo modelo económico post-rentista del socialismo productivo”, expresó el mandatario a finales de noviembre.
DLA
Por Confirmado: Ismeidy Pico
