Organizaciones no gubernamentales aseguran que los militares han abusado de su autoridad en algunos de estos operativos, en los que, denuncian, se han cometido atropellos contra las personas que residen en estas zonas
Nicolás Maduro afirmó este lunes que en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) hay más de 10 mil personas que practican la minería ilegal que han destruido la zona, por lo que, dijo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está «estableciendo el orden».
«¿Ustedes saben cuántos mineros ilegales hay en esa zona? Más de 10 mil. Ya hemos desalojado unos mil 500, casi 2 mil ya llegamos. Establecieron allí una comarca y han destruido toda esa zona, una cosa impresionante, repudiable y nuestra FANB está haciendo presencia en el territorio (…) estableciendo el orden necesario», dijo el mandatario durante su programa de televisión.
Asimismo, dijo que han tomado medidas, por lo que felicitó a los funcionarios de la FANB y pidió a los venezolanos darle todo el apoyo al Comando Estratégico Operacional de la institución militar, que lidera estos operativos.
El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó este lunes que han evacuado a un total de mil 281 personas que habitaban en zonas en las que se práctica la minería ilegal en el estado Amazonas.
«Han sido desalojadas, de manera voluntaria y atendiendo su bienestar. Mil 281 personas, quienes, de manera voluntaria, comprendieron que ningún derecho humano prelará (será preferente) sobre los derechos ambientales», indicó a través de Twitter, donde compartió fotografías del operativo.
Plan de evacuación voluntaria
Este plan de «evacuación voluntaria» entró en vigencia el sábado pasado y tiene como objetivo sacar a quienes viven en las cercanías de «todas las minas del estado Amazonas», explicó el domingo el comandante, sin indicar cuál será el destino de las personas desalojadas.
Agregó que luego de este plan de desalojo, evacuación, desmantelamiento de campamentos y destrucción de materiales, se iniciará un programa de reforestación.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que los militares han abusado de su autoridad en algunos de estos operativos, en los que, denuncian, se han cometido atropellos contra las personas que residen en estas zonas.
EC
