Con el país salpicado por continuos escándalos de corrupción, el Gobierno conservador español aprobó este viernes un nuevo código penal que endurecerá las penas por estos delitos y fortalecerá la lucha contra la piratería, según el ejecutivo.
Este proyecto de Ley amplía la definición técnica de algunos delitos de corrupción, al mismo tiempo que se aumentan los bienes que se pueden decomisar a los condenados para impedir que «la actividad delictiva suponga un enriquecimiento para los autores», dijo el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Este nuevo código penal, aprobado por el gobierno en el Consejo de ministros y que ahora deberá ser tramitado en el Parlamento, supone una «respuesta penal contra la corrupción», en palabras de la portavoz del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que presentó otras cuarenta medidas para fomentar la regeneración democrática del país.
Con esta reforma «se crearía un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos, se revisarán distintos tipos penales como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraudes y acciones ilegales (…) y se incluirán medidas para agilizar los procesos» judiciales, afirmó la portavoz.
Según Gallardón, este código «da respuesta a las prioridades de la sociedad», notablemente molesta por los numerosos escándalos de corrupción acontecidos en el país en medio de una profunda recesión y con unos niveles de desempleo récord.
Otra de las principales novedades del texto es la creación de la pena de prisión permanente revisable, por la que el condenado permanecería encarcelado hasta que «las autoridades judiciales determinen que no subsisten riesgos para la comunidad».
Esta condena sería únicamente a asesinatos terroristas, asesinatos a jefes de Estado, genocidios o delitos de lesa humanidad o asesinatos especialmente graves.
Además, este nuevo código penal endurecerá la lucha contra la extendida piratería digital en el país, equiparando los delitos contra la propiedad intelectual con los cometidos contra la propiedad industrial y a las personas que obtienen un beneficio económico de esta prácticas.
«Supone un auténtico equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías», señaló Gallardón.
Fuente: Agencias
