A más de tres meses de las elecciones presidenciales, son 69 menores de edad los que siguen detenidos tras haber sido detenidos en el marco de las protestas contra los resultados del Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
El Foro Penal reportó el 25 de octubre un total de 1.953 presos políticos, de los cuales 1.824 fueron encarcelados en el contexto poselectoral. De esa cifra, 1.884 son adultos y 69 son adolescentes. En cuanto al género, 1.711 son hombres y 242 mujeres, mientras que 1.792 son civiles y 161 militares. La ONG indicó que durante la semana del 14 de octubre se registraron 19 nuevas encarcelaciones y se dictaron 148 condenas. Un total de 1.805 presos siguen sin recibir alguna medida cautelar.
El Foro Penal aclaró que desde 2014 en Venezuela se han registrado al menos 17.939 detenciones con fines políticos, de las cuales 14.000 fueron atendidas por los abogados de la organización, mientras que 9.000 siguen sometidas a medidas restrictivas de su libertad. Se trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI”, destacó en su cuenta X, antes Twitter.
En esta cifra está el caso de Diego Pumar, un joven de 18 años proveniente de Barinas que está preso en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua.
Sus familiares dijeron a La Patilla que, el 29 de julio de este año, un día después de la elección presidencial en Venezuela, Diego Pumar Farfán salió de su casa a continuar con su rutina de alquilar lavadoras en la ciudad de Barinas, pero fue interceptado por funcionarios de la policía, que sin mediar palabras lo trasladaron hasta la sede de la GNB, donde fue imputado por terrorismo tras una audiencia telemática.
La familia de Diego salió a la calle con un cartel que tenía su foto y nombre, para exigir que lo pongan en libertad, durante una protesta pacífica realizada en Alto Barinas, el sábado 2 de noviembre.
«Para Diego no ha sido fácil estar preso, dicen sus familiares. Con 18 años de edad, su vida se había desarrollado entre aulas de clases, libros y cuadernos, y más recientemente un emprendimiento con sus seres queridos de alquiler de lavadoras, pero nunca en la cárcel. Como familia, los Pumar Farfán estaban conscientes de la crítica situación del país, sin que nunca llegaran a imaginar que el deterioro que veían a su alrededor, entre lo económico, social e institucional, les iba a cobrar en uno de sus miembros un delito de terrorismo, pese a ser inocente», suscribe el reporte en el medio web.
La mamá de Diego no lleva cuenta de las veces que ha viajado desde Barinas a Maracay para ir a Tocorón, pero aseguró que tampoco se cansará de afirmar que su hijo no es un terrorista.
Otro caso es el de Neryda Ruiz, quien tiene a su hijo de 16 años detenido. Adelaida Herrera tiene preso a uno de 17.
“Mi mayor angustia es que me lo vayan a condenar por algo que él no hizo y pierda la mayor parte de su vida preso”, dijo a la Voz de América Neryda Ruiz, mientras sostenía una foto de su hijo Ángel Ramírez en una protesta a mediados de septiembre.
Lo delitos de instigación al odio están castigados con 8 a 10 años de cárcel, y terrorismo es penado con 25 a 30 años de prisión.
“Él debería estar preparando su tesis o proyecto de grado, preparándose para sus pasantías y no perdiendo su vida encerrados ahí”, sigue la familia de Ramírez, quien es estudiante de secundaria.
“Venezuela es un país libre de presos políticos, no hay ni uno”: canciller Yván Gil
En su visita a la ciudad de Cali, en el marco de la COP16 , Yván Gil, habló con la periodista Sylvia Patiño para Blu Radio, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Negó enfáticamente la existencia de presos políticos en el país.
Al ser consultado sobre las denuncias de familiares que aseguran la detención de personas por razones políticas, Gil respondió: “En Venezuela no hay presos políticos, en Venezuela no hay ni un preso político. Venezuela es un país libre de presos políticos”.
Aseguró que en Venezuela existe un estado de derecho operativo, con instituciones que funcionan de manera armónica, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otros órganos de justicia.