María Piña de Sánchez visitó a su hijo este 25 de enero, después de dos meses desaparecido. Explicó que Gabriel Ángel, de 19 años de edad, aún no entiende por qué lo tienen en ese lugar, Dijo que durante todo este tiempo el joven ha dormido en el piso de concreto. “Lo encontré muy delgado y amarillo y hoy cuando fui a los tribunales me informaron que fue acusado de Terrorismo, Traición a la Patria y Asociación para delinquir”
María Piña de Sánchez, madre del joven de 19 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) confirmó que su hijo Gabriel Ángel Sánchez se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la Zona 7 en Boleíta, Caracas.
Este miércoles 25 de enero, al salir de la visita, la afectada mujer explicó que pasó 2 largos meses sin saber dónde estaban sus dos hijos.
“Ya por fin sé que están vivos. Los encontré muy delgados, amarillos y flacos. Gabriel debe estar pesando unos 40 kilos”, dijo no sin antes recordar que el hermano mayor de Gabriel Ángel se llama Levy Darío Sánchez y también fue detenido el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.
Piña de Sánchez conoció que su hijo, “debido a su condición” ha presentado varias crisis de pánico y ansiedad porque lo tenían solo, separado de su hermano mayor. Agregó que durante todo este tiempo el joven ha dormido en el piso de concreto y apenas hace dos días fue cuando le entregaron una delgada colchoneta.
“Él es un niño en un cuerpo de adulto”, dijo la mujer. Explicó que los niños “neuro divergentes” necesitan estructuras y mucho apoyo, una alimentación estricta y un lugar adecuado para la convivencia, pero en el lugar donde injustamente lo tienen recluido no existen esas condiciones.
Piña de Sánchez dijo que su hijo no comprende aún por qué se encuentra en ese lugar. La mujer relató que este jueves, al acudir al Palacio de Justicia, un Defensor Público le confirmó que tanto Gabriel Ángel como Levy Darío están acusados de Terrorismo, Traición a la Patria y Asociación para delinquir.
Cabe destacar que los hermanos Sánchez trabajan en un negocio familiar (Pulilavado “Alta Gama”) que se encuentra ubicado en Maracaibo, estado Zulia y nunca han participado en actividades político partidistas de ningún tipo.
“A pesar de su condición mi hijo Gabriel es un buen estudiante, ha ganado 20 medallas durante su escolaridad y maneja una moto de su propiedad”, dijo Piña de Sánchez.
Los hermanos Sánchez fueron sacados de su residencia el domingo 30 de noviembre de 2025 por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los funcionarios, con el rostro cubierto y fuertemente armados, no presentaron orden judicial ni explicaron las razones de la medida.
Levy Darío Sánchez se ocupa de un negocio privado (Auto lavado) y Gabriel Ángel Sánchez acaba de terminar el bachillerato y solo ayuda a atender el negocio del hermano. Ninguno de los dos tiene participación política alguna ni usan las redes sociales para emitir mensajes críticos al Gobierno nacional.
Graves consecuencias psicológicas
El pasado 15 de enero de 2026 la Organización Venezolana de Autismo (OVA) envió una comunicación a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitando la posibilidad de otorgar Amnistía Política a las 4 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que se encuentran detenidas en Venezuela por razones políticas.
En dicho documento también se explican los tres aspectos que afectan directamente a las personas TEA:
1.- Vulnerabilidad Condicional: Las personas con TEA poseen una estructura neurológica que les dificulta la comprensión de entornos hostiles, ruidos extremos y cambios abruptos en la rutina,
2.- Marco Legal Vigente: La Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista establece la obligación del Estado de garantizar el trato digno y la protección de los derechos humanos de esta población y
3.- Derecho a la salud y ajustes razonables: de acuerdo a los tratados internacionales y la Constitución venezolana, las personas con discapacidad neurodiversa requieren “ajustes razonables” en los procesos judiciales.
“El entorno penitenciario actual no permite cumplir con los protocolos de atención médica, terapéutica y nutricional específicos que el TEA requiere”, precisan.
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