Luisa Ortega Díaz, en una imagen de archivo tomada en Caracas – Reuters
La fiscal general de Venezuela en el exilio asegura que, tras la condena del TSJ, el mandatario ya no es el presidente legítimo del país. También tiene pruebas de corrupción contra Diosdado Cabello
Luisa Ortega Díaz fue destituida como fiscal general de Venezuela por Nicolás Maduro en julio de 2017, tras denunciar la ruptura del hilo constitucional y los excesos del régimen durante las protestas ciudadanas. En el exilio ha llevado ante el Tribunal Supremo (TSJ) legítimo, en Bogotá, la acusación por corrupción del mandatario venezolano, que ha sido condenado a 18 años de prisión. Responde por teléfono a ABC.
¿Qué capacidad hay para materializar la condena del TSJ en el exilio?
El reconocimiento de los Estados es al Tribunal legítimo. Las autoridades que están en Venezuela, excepto el parlamento, son ilegítimas. Por ello, es deber del TSJ en el exilio y los distintos gobiernos reconocer esa sentencia. Aplicando las decisiones del Tribunal, Maduro ya no es el presidente legítimo y está inhabilitado para el cargo. Igualmente, esta decisión debe de ser acogida por organismos multilaterales como Interpol, que tendrían que declarar una alerta roja contra Maduro.
¿Para qué ha servido hasta ahora?
La sentencia sirve para que, una vez derrotado el tirano de Venezuela, no haya que buscar elementos para procesarlo, puesto que ya hay condena firme. Además, visibiliza ante el mundo la trama de corrupción que compromete a Maduro. Hay pruebas fehacientes de su compromiso con Odebrecht en hechos de corrupción probados en detrimento del patrimonio del Estado.
¿Cuáles son los siguientes pasos que debe de dar el Tribunal?
Tiene que oficiar o personarse en los distintos espacios a nivel global para que la sentencia se cumpla. Ir, por ejemplo, a Interpol y enviar copia certificada de la sentencia a distintos países.
«Me identifiqué con el discurso de Chávez cuando tenía una propuesta humanista, pero con Maduro es una tiranía y atropello a los derechos del pueblo»
¿Ha gozado Maduro de garantías?
Se le garantizó el debido proceso, no actuamos como él, sobre todo con sus adversarios, a los que viola todos sus derechos. Se designó un defensor público, porque Maduro nunca atendió ni las llamadas ni los oficios que se le enviaron para que se personara.
¿Cuáles son sus próximas acciones?
Con fundamento en la Convención de Palermo, vamos a acudir a organismos de distintos países, ya sean Ministerios Públicos o al Poder Judicial, porque es probable que tengan más fuerza. No por menoscabar la decisión del Supremo en el exilio, pero siempre existen opiniones que hay que evaluar sobre si se cumplieron todas las acciones de ley con estos asuntos. Esto no sucedería si, por ejemplo, la Fiscalía de Perú, la de Brasil o cualquier sitio investiga a Diosdado Cabello.
